WASHINGTON (AP) - Un juez federal prohibió el sábado a la administración Trump llevar a cabo deportaciones bajo una ley radical del siglo XVIII que el presidente invocó horas antes para acelerar la expulsión de pandilleros venezolanos de los Estados Unidos.

Estados Unidos El juez de distrito James E. Boasberg dijo que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba volando a los migrantes que afirmó que eran recientemente deportados bajo la proclama del presidente Donald Trump para ser encarcelados en El Salvador y Honduras. El Salvador ya acordó esta semana llevar hasta 300 migrantes que la administración Trump designó como miembros de pandillas.

"No creo que pueda esperar más y estoy obligado a actuar", dijo Boasberg durante una audiencia el sábado por la noche en una demanda presentada por la ACLU y Democracy Forward. "Un breve retraso en su eliminación no causa ningún daño al gobierno", agregó, señalando que permanecen bajo la custodia del gobierno, pero ordenando que cualquier avión en el aire sea dado la vuelta.

El fallo llegó horas después de que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo los Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente un margen de maniobra más amplio en la política y la acción ejecutiva para acelerar las deportaciones masivas.

El acto solo se ha utilizado tres veces antes, todo durante las guerras. Su aplicación más reciente fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para encarcelar a alemanes e italianos, así como para el internamiento masivo de civiles japoneses-americanos.

En una proclama publicada poco más de una hora antes de la audiencia de Boasberg, Trump sostuvo que Tren de Aragua estaba efectivamente en guerra con los Estados Unidos.

"A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluida TdA", dice la declaración de Trump. "El resultado es un estado criminal híbrido que está perpetrando una invasión e incursión depredadora en los Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para los Estados Unidos".

La orden podría dejar que la administración deporte a cualquier migrante que identifique como miembro de la pandilla sin pasar por procedimientos regulares de inmigración, y también podría eliminar otras protecciones bajo el derecho penal para las personas a las que se dirigió el gobierno.

En un comunicado el sábado por la noche, la fiscal general Pam Bondi criticó la permanencia de Boasberg en las deportaciones. "Esta orden ignora la autoridad bien establecida con respecto al poder del presidente Trump, y pone en riesgo al público y a las fuerzas del orden", dijo Bondi.

La pandilla Tren de Aragua se originó en una prisión en el país sudamericano y acompañó un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida después de que la economía de su nación se deshacera la última década. Trump y sus aliados han convertido a la pandilla en la cara de la supuesta amenaza planteada por los inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos y la designaron formalmente como una "organización terrorista exterra" el mes pasado.

Las autoridades de varios países han informado de arrestos de miembros de Tren de Aragua, incluso cuando el gobierno de Venezuela afirma haber eliminado a la organización criminal.

El gobierno dijo que Trump en realidad firmó la proclamación el viernes por la noche. Los abogados de inmigración notaron que el gobierno federal de repente se estaba moviendo para deportar a los venezolanos que de otra manera no tendrían el derecho legal de expulsar del país, y se apresuraron a presentar demandas para bloquear lo que creían que era una proclamación pendiente.

Boasberg emitió una orden inicial a las 9:20 a.m. El sábado bloqueó a la administración Trump de deportar a cinco venezolanos nombrados como demandantes en la demanda de la ACLU que estaban siendo detenidos por el gobierno y creían que estaban a punto de ser deportados. La administración Trump apeló esa orden, alegando que detener un acto presidencial antes de que se anunciara paralizaría al poder ejecutivo.

Si se permitiera que la orden se mantuviera en pie, "los tribunales de distrito tendrían licencia para ordenar prácticamente cualquier acción urgente de seguridad nacional justo después de recibir una queja", escribió el Departamento de Justicia en su apelación.

Boasberg luego programó la audiencia de la tarde sobre si ampliar su orden a todas las personas que podrían ser atacadas bajo la declaración de Trump.

El Fiscal General Adjunto Adjunto Drew Ensign sostuvo que el presidente tenía una amplia libertad para identificar amenazas al país y actuar bajo la ley de 1798. Señaló que los EE. UU. La Corte Suprema permitió al presidente Harry Truman continuar con la retención de un ciudadano alemán en 1948, tres años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, bajo la medida.

"Esto cortaría muy profundamente las prerrogativas del presidente", dijo Ensign sobre una orden judicial.

Pero Lee Gelernt de la ACLU sostuvo que Trump no tenía la autoridad para usar la ley contra una banda criminal en lugar de contra un estado reconocido. Boasberg dijo que el precedente sobre esa pregunta parecía complicado, pero que la ACLU tenía una posibilidad razonable de éxito en esos argumentos, por lo que se merecía la orden.

Boasberg detuvo las deportaciones de los que estaban bajo custodia hasta por 14 días, y programó una audiencia para el viernes en el caso.

La ráfaga de litigios muestra la importancia de la declaración de Trump, el último paso de la administración para expandir el poder presidencial. Ensign argumentó que, como parte de su reacción al ataque del 11 de septiembre de 2001, el Congreso había dado al presidente el poder de delegar las amenazas de organizaciones "transnacionales" a nivel de estados reconocidos. Y Gelernt advirtió que la administración Trump podría simplemente emitir una nueva proclamación para usar la Ley de Enemigos Alienígenas contra otra banda de migrantes, como MS-13, que durante mucho tiempo ha sido uno de los objetivos favoritos de Trump.

Trump invoca la ley del siglo XVIII para acelerar las deportaciones, el juez la detiene horas después