WASHINGTON (AP) - A lo largo de su campaña, el presidente electo Donald Trump despreció al Departamento federal de Educación, describiéndolo como infiltrado por "radicales, fanáticos y marxistas".

Ha elegido a Linda McMahon, una ex ejecutiva de lucha libre, para dirigir el departamento. Pero como muchos políticos conservadores antes que él, Trump ha pedido desmantelar el departamento por completo, una tarea engorrosa que probablemente requeriría la acción del Congreso.

La función principal de la agencia es financiera. Anualmente, distribuye miles de millones en dinero federal a universidades y escuelas y administra la cartera federal de préstamos estudiantiles. Cerrar el departamento significaría redistribuir cada una de esas tareas a otra agencia. El Departamento de Educación también desempeña un importante papel regulatorio en los servicios para estudiantes, que van desde aquellos con discapacidades hasta niños de bajos ingresos y sin hogar.De hecho, el dinero federal para la educación es fundamental para los planes de Trump para universidades y escuelas. Trump ha prometido cortar el dinero federal para las escuelas y universidades que impulsan "la teoría racial crítica, la locura transgénero y otro contenido racial, sexual o político inapropiado" y recompensar a los estados y escuelas que ponen fin a la permanencia docente y promulguen programas universales de elección escolar.

La financiación federal representa una parte relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas, aproximadamente el 14 %. Los colegios y universidades dependen más de ello, a través de subvenciones de investigación junto con la ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar su matrícula.

Aquí hay un vistazo a algunas de las funciones clave del departamento, y cómo Trump ha dicho que podría acercarse a ellas.

Préstamos estudiantiles y ayuda financiera

El Departamento de Educación gestiona aproximadamente 1,5 billones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles para más de 40 millones de prestatarios. También supervisa la Beca Pell, que proporciona ayuda a los estudiantes por debajo de un cierto umbral de ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que las universidades utilizan para asignar ayuda financiera.

La administración Biden ha hecho de la cancelación de préstamos estudiantiles un esfuerzo característico del trabajo del departamento. Desde que el intento inicial de Biden de cancelar los préstamos estudiantiles fue anulado por la Corte Suprema, la administración ha perdonado más de 175 mil millones de dólares para más de 4,8 millones de prestatarios a través de una serie de cambios en los programas que administra, como la Condonación de Préstamos del Servicio Público.

Los esfuerzos de condonación de préstamos se han enfrentado al rechazo de los republicanos, incluidos los litigios de varios estados liderados por el Partido Republicano.

Trump ha criticado los esfuerzos de Biden para cancelar la deuda como ilegales e injustos, calificándola de una "catástrofe total" que "se burló de los jóvenes". El plan de Trump para la deuda estudiantil es incierto: no ha hecho planes detallados.

Aplicación de los derechos civiles

A través de su Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Educación lleva a cabo investigaciones y emite orientación sobre cómo se deben aplicar las leyes de derechos civiles, como para los estudiantes LGBTQ+ y los estudiantes de color. La oficina también supervisa un gran proyecto de recopilación de datos que rastrea las disparidades en los recursos, el acceso al curso y la disciplina para los estudiantes de diferentes grupos raciales y socioeconómicos.

Trump ha sugerido una interpretación diferente del papel de la oficina en los derechos civiles. En su plataforma de campaña, dijo que perseguiría casos de derechos civiles para "empener que las escuelas discriminen por motivos de raza". Ha descrito las políticas de diversidad y equidad en la educación como "discriminación ilegal explícita" y dijo que las universidades que las utilizan pagarán multas y tendrán sus dotaciones gravadas.

Trump también se ha comprometido a excluir a los estudiantes transgénero de las protecciones del Título IX, que afectan las políticas escolares sobre el uso de pronombres por parte de los estudiantes, baños y vestuarios. Aprobado originalmente en 1972, el Título IX se utilizó por primera vez como ley de derechos de la mujer. Este año, la administración de Biden dijo que la ley prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual, pero Trump puede deshacer eso.

Acreditación universitaria

Si bien el Departamento de Educación no acredita directamente a los colegios y universidades, supervisa el sistema revisando todas las agencias de acreditación reconocidas por el gobierno federal. Las instituciones de educación superior deben estar acreditadas para obtener acceso al dinero federal para la ayuda financiera de los estudiantes.

La acreditación fue objeto de escrutinio por parte de los conservadores en 2022, cuando la Asociación del Sur de Colegios y Escuelas cuestionó la interferencia política en los colegios y universidades públicas de Florida. Trump ha dicho que despediría a "acreditadores de izquierda radical" y aceptaría solicitudes de nuevos acreditadores que defenderían estándares, incluida la "defensa de la tradición estadounidense" y la eliminación de los administradores de diversidad "marxistas".

Aunque el secretario de educación tiene la autoridad para terminar su relación con las agencias de acreditación individuales, es un proceso arduo que rara vez se ha seguido. Bajo el presidente Barack Obama, el departamento tomó medidas para cancelar las acreditaciones para una cadena universitaria con fines de lucro ahora desaparecida, pero la administración Trump bloqueó la medida. El grupo, el Consejo de Acreditación para Colegios y Escuelas Independientes, fue terminado por la administración Biden en 2022.

Dinero para las escuelas

Gran parte del dinero del Departamento de Educación para las escuelas K-12 pasa por grandes programas federales, como el Título I para escuelas de bajos ingresos y la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades. Esos programas apoyan los servicios para estudiantes con discapacidades, clases más pequeñas con puestos de enseñanza adicionales y pagan por trabajadores sociales y otras funciones no docentes en las escuelas.

Durante su campaña, Trump pidió trasladar esas funciones a los estados. No ha ofrecido detalles sobre cómo se manejarían las funciones principales de la agencia de enviar dinero federal a los distritos y escuelas locales.

El Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, una propuesta radical que describe una visión de extrema derecha para el país que se superpone en áreas con la campaña de Trump, ofrece un plan. Sugiere enviar la supervisión de los programas para niños con discapacidades y niños de bajos ingresos primero al Departamento de Salud y Servicios Humanos, antes de eventualmente eliminar la financiación y convertirla en subvenciones sin ataduras a los estados.

Trump ha pedido el desmantelamiento del Departamento de Educación