Por Sala de Redacción EVH

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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) - En un paso significativo hacia la rectificación de un capítulo oscuro en la historia de la inmigración estadounidense, la administración del presidente Joe Biden llegó a un acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) sobre el polémico tema de las separaciones de familias de inmigrantes.

Si es aprobado por un juez, el acuerdo establecería una prohibición de ocho años de las políticas de inmigración que separe a los padres de sus hijos. Además, las familias previamente separadas bajo la administración Trump recibirían estatus legal temporal y ayuda para vivienda a corto plazo.

El acuerdo, un esfuerzo conjunto entre la administración Biden y la ACLU, tiene como objetivo poner fin a la controvertida política de "tolerancia cero" implementada por el expresidente Donald Trump. Esta política provocó la separación de miles de familias en la frontera con México.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó el propósito del acuerdo y dijo que, "Es nuestro intento de hacer todo lo posible para asegurarnos de que la crueldad del pasado no se repita en el futuro. Establecemos procedimientos a través de este acuerdo de solución para avanzar en ese esfuerzo".

Bajo la administración de Trump, los niños que viajaban con padres o tutores eran separados como parte de una estrategia para procesar penalmente a personas por cruzar ilegalmente la frontera. Posteriormente, los niños fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos antes de ser ubicados con sus patrocinadores.

El presidente Biden emitió una orden ejecutiva en su primer día en el cargo, dando prioridad a la reunificación de estas familias. Hasta febrero, cifras del Departamento de Seguridad Nacional indican que 3.881 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. Aproximadamente el 74% se ha reunido con éxito.

El acuerdo propuesto ofrece beneficios cruciales, incluida la libertad condicional humanitaria para que los padres de niños separados entren a Estados Unidos durante tres años y trabajen legalmente. Las familias recibirán ayuda para vivienda por hasta un año, junto con beneficios médicos y de salud conductual para abordar el trauma asociado con las separaciones.

El fiscal general Merrick Garland condenó la práctica de separar familias como "vergonzosa" y afirmó que el acuerdo propuesto proporcionará un apoyo vital para la recuperación. Además, las familias afectadas tendrán acceso a servicios legales, esenciales para posibles solicitudes de asilo.

Los componentes clave del acuerdo incluyen el compromiso del gobierno de mantener documentación detallada para evitar el caos experimentado durante las separaciones de la era Trump.

El acuerdo, si se acepta, cubrirá aproximadamente entre 4.500 y 5.000 niños y sus padres. Garantiza esfuerzos continuos para identificar y reunificar a familias separadas, ofreciéndoles una vía para buscar asilo en los Estados Unidos. También se proporcionará autorización de trabajo, vivienda, asistencia legal y servicios médicos.

Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, en un comunicado de prensa enfatizó la importancia histórica del acuerdo y afirmó que, "Para vergüenza duradera de Estados Unidos, arrancamos a niños de los brazos de sus familias para implementar una agenda xenófoba. Este acuerdo cierra el capítulo más oscuro de la administración Trump."

Mientras el gobierno y la ACLU esperan la decisión del juez, voces de todo el país se unen en la esperanza de curación y reforma tras este acuerdo crítico.

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