Residentes del condado de Jackson exigen el fin del acuerdo del sheriff con el ICE

Jackson, Michigan.— Decenas de residentes del condado de Jackson han alzado la voz en reuniones públicas del gobierno local para exigir la terminación del acuerdo de cooperación entre la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson y el Immigration and Customs Enforcement (ICE), firmado bajo el programa federal conocido como 287(g).

Durante recientes sesiones del Jackson County Board of Commissioners, vecinos, activistas y líderes comunitarios denunciaron que dicho acuerdo siembra miedo entre las comunidades inmigrantes, debilita la confianza en las fuerzas del orden y desvía a la policía local de su función principal: la seguridad pública.

El acuerdo 287(g), en la modalidad conocida como Warrant Service Officer, permite que oficiales del sheriff, dentro de la cárcel del condado, retengan a personas detenidas para ICE cuando existe una orden migratoria activa. Aunque el sheriff ha insistido en que el programa no implica patrullajes migratorios ni arrestos en la calle, los opositores sostienen que, en la práctica, convierte a la cárcel local en una extensión del sistema federal de deportaciones.

“Este acuerdo no hace más segura a nuestra comunidad; la hace más silenciosa”, expresaron varios residentes durante los comentarios públicos, señalando que las víctimas de delitos temen denunciar abusos o cooperar con la policíapor miedo a consecuencias migratorias para ellas o sus familiares.

Organizaciones de derechos civiles y grupos religiosos también se han sumado a los reclamos, advirtiendo que la cooperación con ICE puede dar lugar a detenciones prolongadas, separación de familias y posibles violaciones al debido proceso, especialmente cuando las solicitudes migratorias no están respaldadas por órdenes judiciales penales.

Por su parte, la Jackson County Sheriff's Office ha defendido el acuerdo argumentando que solo se aplica a personas ya bajo custodia por otros motivos y que el condado simplemente “coopera con autoridades federales cuando la ley lo permite”. Sin embargo, los críticos señalan que el condado no está legalmente obligado a participar en 287(g) y que otros gobiernos locales en Michigan han optado por no hacerlo.

Hasta el momento, la Junta de Comisionados del condado no ha votado para rescindir el acuerdo, pero la presión pública continúa creciendo. Los residentes han prometido seguir asistiendo a las reuniones del condado y exigir transparencia, rendición de cuentas y una política que priorice la cohesión comunitaria por encima de la colaboración migratoria federal.

El debate en Jackson refleja una discusión más amplia que se desarrolla en todo Michigan y en el país: si los gobiernos locales deben participar activamente en la aplicación de leyes migratorias federales, o si esa función debe recaer exclusivamente en el gobierno federal.