Por Michelle Lapointe para el American Immigration Council

En las calles nevadas de Minneapolis, a comienzos de enero de 2026, un agente de ICE le disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años, ciudadana estadounidense y madre, que conducía una Honda Pilot con peluches colgando de la guantera. Según informes, acababa de dejar a su hijo de seis años en la escuela. Varios videos de testigos captaron el tiroteo y el angustiante desenlace, que incluyó a agentes de ICE impidiendo que un médico llegara hasta Good. Estas imágenes se suman a lo que Estados Unidos ha vivido desde el inicio de la segunda administración Trump: redes sociales inundadas de videos de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza rompiendo ventanas de autos durante operativos y disparando proyectiles de gas pimienta y botes de gas lacrimógeno contra quienes se acercan a presenciar el impacto humano de la aplicación de las leyes migratorias en sus comunidades.

Tras la muerte de Good, muchos se han preguntado de forma natural cómo su familia podría responsabilizar al agente individual o al gobierno federal por su fallecimiento. La respuesta es complicada, y cualquier batalla legal está llena de obstáculos.

La conocida defensa legal de la inmunidad calificada protege a los agentes del orden de tener que enfrentar demandas civiles por compensación monetaria, llamadas daños, a menos que el derecho vulnerado estuviera claramente establecido de modo que un agente razonable entendiera que su conducta violaba la ley.

Lo que se entiende menos es que, gracias al Tribunal Supremo, prácticamente ya no queda ninguna vía para demandar a agentes federales individuales por daños monetarios cuando violan derechos constitucionales. Los cuerpos policiales estatales y locales que violan derechos pueden ser demandados bajo una ley de la era de la Reconstrucción, el título 42 del Código de Estados Unidos, sección 1983. No existe una ley similar para agentes federales. En su lugar, en 1971 el Tribunal Supremo resolvió en un caso llamado Bivens contra Seis Agentes Conocidos y No Identificados de la Oficina Federal de Narcóticos que una persona podía demandar a agentes federales antidrogas por violar sus derechos de la Cuarta Enmienda al realizar un registro y arresto ilegales.

Pero desde entonces, y especialmente bajo el Tribunal presidido por John Roberts, el Supremo ha desmantelado Bivens. Desde agentes de la Patrulla Fronteriza que mataron a tiros a un adolescente mexicano a través de la frontera entre Estados Unidos y México, hasta agentes en la frontera con Canadá que supuestamente tiraron al suelo al dueño de un bed and breakfast y luego tomaron represalias contra él, el Tribunal dejó claro que no permitirá demandas contra agentes federales en ninguna circunstancia que vaya más allá de los hechos de Bivens y de otros dos casos adicionales, hoy ya muy antiguos. Aunque el Tribunal no ha anulado formalmente Bivens, ha debilitado gravemente su utilidad.

El vicepresidente J.D. Vance afirmó erróneamente que el agente de ICE que mató a Renee Good tiene derecho a inmunidad absoluta. Eso es claramente falso: los agentes federales que actúan bajo el amparo de la ley pueden, en teoría, ser procesados penalmente por privar deliberadamente a una persona de sus derechos civiles. También sería teóricamente posible un procesamiento a nivel estatal.

Además, las personas todavía pueden demandar al gobierno federal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, conocida como FTCA, por daños causados por empleados federales. De hecho, el gobierno federal pagó casi cinco millones de dólares para resolver un caso presentado bajo esta ley por la familia de Ashli Babbitt, una mujer que murió a manos de un agente de la Policía del Capitolio el 6 de enero de 2021 mientras irrumpía en el Capitolio.

Pero la realidad es que obtener responsabilidad legal por hechos como la muerte de Renee Good a través de demandas civiles es difícil por diseño.

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional han cometido uso excesivo de la fuerza antes de esta administración. Durante una redada de ICE y el IRS en una planta empacadora de carne en el este de Tennessee en 2018, un video de vigilancia captó a un agente de ICE colocando su bota sobre el cuello de un trabajador que yacía boca abajo en el suelo durante 25 segundos, una práctica peligrosa que puede causar lesiones graves o la muerte. Ese mismo agente fue acusado de golpear a otro trabajador en el rostro durante la redada. La única razón por la que el incidente de la bota en el cuello salió a la luz fue gracias a una demanda civil contra los agentes individuales.

Si los tribunales determinan que las personas no pueden demandar a agentes federales por violaciones de derechos o si los agentes del Departamento de Seguridad Nacional logran invocar con éxito la inmunidad calificada en estos casos, es posible que este tipo de pruebas nunca salgan a la luz. Con la omnipresencia de las cámaras de los teléfonos inteligentes y la creciente osadía de la violencia del Departamento de Seguridad Nacional en las calles de las ciudades estadounidenses, el aumento de la conciencia pública sobre los abusos policiales podría derivar en cambios de política. Los intentos de aprobar leyes federales que codifiquen Bivens no han avanzado en el Congreso, pero podrían ganar impulso a medida que personas de todo el espectro ideológico rechacen los excesos de las fuerzas del orden federales.

Ninguna cantidad de dinero devolverá la vida a quienes han muerto a manos de agentes federales, pero las indemnizaciones monetarias son una parte importante del sistema legal estadounidense, ya que fomentan la rendición de cuentas y sirven como disuasión frente a futuros abusos de derechos. Un derecho sin un remedio es una promesa vacía, que prácticamente garantiza que los agentes federales continuarán realizando acciones que ponen en peligro y matan a las personas.

¿Puede la familia de Renee Good demandar a ICE tras su muerte? La respuesta es complicada