POR MICHAEL BIESECKER AND JOSHUA GOODMAN

WASHINGTON (AP) — Cuando el gobierno del presidente Donald Trump adjudicó el mes pasado un contrato por hasta 1.200 millones de dólares para construir y operar lo que llama el complejo de detención de inmigrantes más grande del país, no recurrió a un contratista gubernamental grande ni a una empresa especializada en prisiones privadas.

En lugar de eso, encargó el proyecto en una base militar a Acquisition Logistics LLC, una pequeña empresa sin experiencia registrada en la gestión de centros penitenciarios que nunca había ganado una licitación para un contrato federal por un valor superior a los 16 millones de dólares. La empresa tampoco tiene un sitio web en operación y su dirección es una vivienda modesta en los suburbios de Virginia, propiedad de un oficial de vuelo de la Marina retirado de 77 años.

El misterio sobre la adjudicación se acentuó la semana pasada, cuando el nuevo centro comenzó a recibir a sus primeros detenidos. El Pentágono se ha rehusado a revelar el contrato o a explicar por qué seleccionó a Acquisition Logistics, entre una docena de otros licitadores, para construir el enorme campamento en Fort Bliss, en el oeste de Texas. Al menos un competidor ya presentó una queja.

El sigiloso —y veloz— proceso de contratación es emblemático, según los expertos, de la prisa del gobierno por cumplir la promesa del presidente republicano de arrestar y deportar a aproximadamente 10 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal permanente. Como parte de este esfuerzo, el gobierno recurre cada vez más a que las fuerzas armadas se encarguen de tareas que tradicionalmente se habían encomendado a agencias civiles.

Una congresista que visitó el campamento recientemente dijo que le preocupaba que se hubiera confiado en una empresa tan pequeña e inexperta para construir y gestionar una instalación que se espera que albergue a hasta 5.000 migrantes.

“Es demasiado fácil que se descuiden los estándares”, dijo la legisladora demócrata Veronica Escobar, cuyo distrito incluye Fort Bliss. “Las instalaciones privadas operan muy frecuentemente con un margen de ganancia en mente, a diferencia de las instalaciones gubernamentales”.

“La falta de transparencia sobre este contrato genera preguntas legítimas sobre por qué el Ejército adjudicó un contrato tan grande a una empresa sin un sitio web ni ninguna otra información pública disponible que demuestre su capacidad para llevar a cabo un proyecto tan complicado”, agregó.

Ken A. Wagner, presidente y director general de Acquisition Logistics, no respondió a los mensajes telefónicos ni a los correos electrónicos. Nadie abrió la puerta en su casa de tres dormitorios que figura como sede de su empresa. Los registros de Virginia indican que Wagner es el propietario del negocio, aunque no está claro si tiene socios.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó el uso de Fort Bliss para el nuevo centro de detención, y el gobierno tiene esperanzas de construir más en otras bases. Un portavoz del Ejército declinó hablar sobre su acuerdo con Acquisition Logistics o revelar detalles sobre la construcción del campamento al citar el litigio sobre las capacidades de la empresa.

El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), declinó durante tres semanas responder preguntas sobre el campamento de detención que supervisa. Después de que se publicara esta historia el jueves, la portavoz del Departamento, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado que decía: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando a toda velocidad en formas rentables e innovadoras de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales criminales”.

Agregó que la instalación de Fort Bliss “ofrecerá todo lo que ofrece un centro de detención tradicional de ICE, incluido acceso a representación legal y una biblioteca jurídica, acceso a visitas, espacio recreativo, espacio para tratamiento médico y comidas nutricionalmente balanceadas”.

Bautizado como Campamento East Montana por la carretera más cercana, la instalación es construida en la arena y los matorrales del Desierto Chihuahuense, donde las temperaturas pueden superar los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en verano y las muertes por calor son comunes. El sitio de 24 hectáreas (60 acres) se encuentra cerca de la frontera entre Estados Unidos y México y del Aeropuerto Internacional de El Paso, un lugar clave para los vuelos de deportación.

El centro ha sido comparado con el “Alcatraz de los Caimanes”, un complejo de tiendas de campaña de 245 millones de dólares construido en los Everglades de Florida para retener a migrantes arrestados por agentes del ICE. Ese centro ha sido objeto de demandas judiciales y quejas por condiciones insalubres. Un juez federal ordenó recientemente que las instalaciones sean clausuradas.

La gran mayoría de los aproximadamente 57.000 inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran en prisiones privadas operadas por empresas como Geo Group, de Florida, y CoreCivic, con sede en Tennessee. A medida que estas instalaciones se llenan, el ICE también explora opciones temporales en bases militares de California, Nueva York y Utah.

En Fort Bliss, la construcción inició a los pocos días que el Ejército otorgara el contrato el 18 de julio. Las obras en el sitio comenzaron meses antes, previo a que el Congreso aprobara el gran proyecto de ley de recortes fiscales y reducciones de gastos de Trump, que incluye una cifra récord de 45.000 millones de dólares para la aplicación de la ley migratoria. El anuncio del Departamento de Defensa sólo especificó que el Ejército financiaba los 232 millones de dólares iniciales para las primeras 1.000 camas del complejo.

Tres tiendas de campaña blancas, cada una de unos 250 metros (810 pies) de largo han sido instaladas, según imágenes satelitales examinadas por The Associated Press. Media docena de edificios más pequeños las rodean.

Setareh Ghandehari, vocera del grupo de defensa Detention Watch (Observatorio de Detención), dijo que el uso de bases militares se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses-estadounidenses fueron encarcelados en campos de internamiento del ejército, incluido Fort Bliss. Ghandehari indicó que las instalaciones militares son especialmente propensas al abuso y la negligencia debido a que las familias y los seres queridos tienen dificultades para acceder a ellas.

“Las condiciones en todos los centros de detención son inherentemente terribles”, declaró Ghandehari. “Pero cuando hay menos acceso y supervisión, se crea el potencial de que se cometa todavía un mayor abuso”.

Un aviso de licitación del 9 de junio para el proyecto de Fort Bliss especificaba que el contratista será el responsable de la construcción y operación del centro de detención, lo que incluye proveer de seguridad y atención médica. El documento también exige estricta confidencialidad, y ordena al contratista que notifique al ICE para que responda cualquier llamada de miembros del Congreso o de los medios de comunicación.

La licitación estuvo abierta solo a pequeñas empresas como Acquisition Logistics, que recibe un trato preferencial por estar clasificada como negocio en desventaja propiedad de veteranos de guerra y de personas de origen hispano.

Aunque el gobierno de Trump ha luchado para prohibir los programas de diversidad, equidad e inclusión, las normas federales de contratación contemplan asignaciones específicas para pequeñas empresas propiedad de mujeres o de minorías. Para que una compañía compita por dichos contratos, al menos el 51% de su capital debe pertenecer a personas pertenecientes a un grupo racial o étnico designado por el gobierno federal como desfavorecido.

Uno de los postores que perdió la licitación, Gemini Tech Services, con sede en Texas, presentó una protesta en la que impugna la adjudicación y el apresurado cronograma de construcción del Ejército ante la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), el órgano independiente de supervisión del Congreso que resuelve ese tipo de disputas.

Gemini alega que Acquisition Logistics carece de la experiencia, el personal y los recursos necesarios para realizar el trabajo, según una persona familiarizada con la denuncia, quien no estaba autorizada a discutir el asunto y habló bajo condición de anonimato. Los trabajos anteriores realizados por Acquisition Logistics incluyen la reparación de pequeñas embarcaciones para la Fuerza Aérea, la prestación de soporte informático al Departamento de Defensa y la construcción de oficinas temporales para ayudar con la aplicación de la ley migratoria, como muestran los registros federales.

Gemini y su abogado no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

No se espera que la GAO dicte una decisión sobre si mantener, desestimar o exigir medidas correctivas antes de noviembre. También está pendiente una apelación legal ante un tribunal federal estadounidense en Washington.

Schnell, el abogado especializado en contrataciones federales, dijo que es posible que Acquisitions Logistics trabaje con una empresa más grande. Geo Group Inc. y CoreCivic Corp., los mayores operadores del país de prisiones con fines de lucro, han manifestado interés en celebrar contratos con el Pentágono para la retención de inmigrantes.

En una llamada sobre resultados financieros este mes, George Zoley, director general de Geo Group, dijo que su empresa se había asociado con un contratista establecido del Pentágono. Zoley no mencionó el nombre de la compañía y Geo Group no respondió a las reiteradas solicitudes para preguntar con quién se había asociado.

Un portavoz de CoreCivic declaró que no estaban asociados con Acquisition Logistics ni con Gemini.

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Misterio rodea contrato del Ejército para construir campamento de detención de inmigrantes en Texas