✍️ Karla Bahm

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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH)_ Una propuesta de ley respaldada por el presidente Donald Trump y aprobada en el Senado por un estrecho margen de 51 votos contra 50 podría tener consecuencias devastadoras para millones de familias en Estados Unidos, especialmente para comunidades de bajos ingresos, inmigrantes y personas que dependen de la salud pública y programas sociales. El voto decisivo fue emitido por el vicepresidente JD Vance, lo que permitió avanzar el proyecto hacia la Cámara de Representantes, donde podría ser aprobado esta misma semana.

El proyecto de ley, que sus autores han descrito como “grande y hermoso”, busca extender permanentemente los recortes de impuestos aprobados en 2017 durante el primer mandato de Trump. Pero la otra cara del paquete es más alarmante: enormes recortes en Medicaid, restricciones a los programas de alimentos como SNAP, un incremento sin precedentes en los fondos para detención y deportación de inmigrantes, y una inversión masiva en la construcción del muro fronterizo.

“Este proyecto de ley privará a entre 12 y 17 millones de estadounidenses de atención médica básica, mientras destina niveles históricos de dinero a la agenda de deportaciones masivas del presidente”, advirtió Nayna Gupta, directora de políticas del American Immigration Council. “Ignora lo que quiere la mayoría del país y refuerza políticas punitivas que no resuelven los problemas reales del sistema migratorio, como los retrasos en las cortes o la falta de vías legales hacia la ciudadanía”.

Uno de los puntos más sensibles para la comunidad hispana es la eliminación del programa de salud pública para millones de personas. En Michigan, se estima que al menos 120,000 residentes perderían su cobertura a través del programa Healthy Michigan, derivado del llamado Obamacare. En total, más de 16 millones de personas en todo el país quedarían sin seguro médico si este proyecto se convierte en ley.

“Los recortes a Medicaid golpearán con más fuerza a los residentes de Michiganders vulnerables, incluidos tres de cada cinco residentes en hogares de cuidado, personas con discapacidades y mujeres embarazadas”, denunció la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. “Esta ley cruel aumentará el hambre, elevará el costo de vida y despedirá a cientos de miles de trabajadores. Hago un llamado a todos los miembros de nuestra delegación en el Congreso para que voten NO”.

Además de la salud, el acceso a alimentos también se verá limitado. El proyecto plantea que los estados con tasas altas de errores en la administración del programa SNAP tendrán que asumir entre el 5% y el 15% del costo, un gasto que hasta ahora cubría el gobierno federal. Asimismo, se endurecen los requisitos de trabajo para recibir asistencia, aumentando la edad de corte hasta los 64 años, con pocas excepciones.

“En lugar de lanzar miles de millones en centros de detención y agentes migratorios, deberíamos estar invirtiendo en alternativas que fortalezcan el debido proceso y mantengan a las familias unidas”, dijo Adriel Orozco, abogado sénior del American Immigration Council. “No necesitamos más camas en cárceles ni redadas indiscriminadas. Necesitamos soluciones equilibradas”.

En cuanto a inmigración, el proyecto representa la mayor inversión en detención y deportación de la historia estadounidense: más de 170 mil millones de dólares. Incluye la construcción de nuevos centros de detención familiar, con capacidad para retener a más de 116,000 personas al día, y eleva el presupuesto de ICE en más de 265%. Además, contempla una cuota mínima de $100 para personas solicitando asilo, aunque esta cifra es mucho menor que los $1,000 originalmente propuestos en la versión de la Cámara.

“Estamos hablando de un presupuesto para ICE que triplica su nivel actual y supera en 62% el presupuesto de todo el sistema penitenciario federal”, detalló Gupta. “Es una elección política que inflige daño y siembra caos sin abordar las fallas estructurales del sistema migratorio”.

El gasto también incluye $46.6 mil millones para construir más muro fronterizo, más del triple de lo que la administración Trump destinó en su primer mandato. Un nuevo fondo de $10 mil millones estaría a disposición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin demasiadas restricciones, lo que algunos expertos han llamado un “fondo de uso libre” para CBP.

En total, el proyecto abarca 887 páginas y sus impulsores lo justifican como una medida para extender los recortes fiscales y fortalecer la seguridad nacional. Sin embargo, el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la propuesta agregará $3.3 billones al déficit nacional en los próximos diez años. Para la gobernadora Whitmer, esa cifra es aún mayor: “Estamos hablando de una deuda adicional de $4.2 billones que nuestras futuras generaciones tendrán que cargar”.

Entre otros puntos del proyecto se incluyen la ampliación temporal de la deducción por propinas y horas extras, cambios al crédito tributario por hijos, que subiría a $2,200, y ajustes a la deducción estándar que beneficiaría temporalmente a algunas familias.

Pero para Whitmer, el fondo del asunto no está en los números, sino en las vidas afectadas: “Los más de 15,000 ciudadanos que escribieron a mi oficina contaron historias reales, de cómo estas políticas destruirán su salud, su estabilidad económica y la seguridad de sus hijos. Este no es un plan fiscal. Es un ataque frontal contra las familias trabajadoras”.

La última palabra está ahora en la Cámara de Representantes, que deberá votar la versión final. Aunque podría introducir cambios, si aprueba el texto tal como salió del Senado, este podría llegar al escritorio del presidente para convertirse en ley.

Mientras tanto, activistas, defensores de inmigrantes, profesionales de la salud y líderes estatales mantienen la presión sobre los legisladores. “Les imploro a todos que voten no. Colaboremos para crear un país más justo, con soluciones reales para nuestras familias”, concluyó la gobernadora Whitmer.

Más fondos para detención de inmigrantes y menos para salud y apoyo social: Senado aprueba ley que golpea a los más vulnerables