Por Karla Bahm

Karla@elvocerous.com

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) _ A partir del próximo sábado, aproximadamente 1.4 millones de michiganders podrían quedarse sin acceso al programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), una red de seguridad crítica que ayuda a familias, adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades a poner comida en la mesa. La decisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de suspender temporalmente los beneficios de SNAP debido al cierre del gobierno federal amenaza con profundizar la inseguridad alimentaria en el estado, afectando de manera desproporcionada a las minorías y a hogares que dependen de esta asistencia para cubrir necesidades básicas mientras los precios de los alimentos continúan aumentando.

Sommer Foster, directora ejecutiva de Michigan Voices y líder de una coalición de más de 100 organizaciones en todo el estado, habló con El Vocero Hispano sobre el impacto devastador que esta interrupción podría tener en los hogares más vulnerables. “Si la asistencia alimentaria no se restablece pronto, las familias de bajos ingresos se verán obligadas a tomar decisiones imposibles. Veremos padres y madres trabajando en un segundo, tercer o incluso cuarto empleo para mantener a sus familias. Los niños irán a la escuela con hambre y regresarán a casa sin comida. Esta es una situación grave y devastadora que debe resolverse de inmediato”, afirmó Foster. Subrayó que las comunidades minoritarias, los adultos mayores y las personas con discapacidades son quienes más sufrirán y quienes con mayor frecuencia quedan ignorados frente a políticas gubernamentales dañinas.

En contra parte, la gobernadora Gretchen Whitmer anunció que el Estado de Michigan destinará 4.5 millones de dólares al Food Bank Council of Michigan para alimentar a las familias mientras se mantiene la decisión del gobierno federal de pausar los beneficios de SNAP a partir del 1 de noviembre. Esta financiación permitirá abastecer a michiganders en los 83 condados del estado y asegurar la entrega de alimentos a quienes no pueden trasladarse a sus bancos de alimentos locales. Además, el estado está coordinando apoyo filantrópico adicional para asistir a las familias afectadas por la interrupción de los beneficios de SNAP.

“Las familias hambrientas no pueden esperar a que quienes tienen el poder en Washington, DC hagan su trabajo”, afirmó la gobernadora Whitmer. “Ante la decisión del USDA de congelar SNAP, el Estado de Michigan está tomando medidas para apoyar al Food Bank Council of Michigan, de manera que puedan seguir alimentando a las familias en los 83 condados y entregar comida a quienes no pueden desplazarse. Nos cuidamos entre nosotros en Michigan, y seguiremos reuniendo recursos públicos y filantrópicos para alimentar a las personas mientras llegamos al día 30 del cierre del gobierno federal y nos acercamos a la pausa de SNAP del 1 de noviembre. Continuaremos haciendo todo lo posible en Michigan para ayudar a las familias afectadas.”

Por su lado, los legisladores estatales demócratas han respondido con un paquete de cinco proyectos de ley destinados a proteger el acceso a alimentos durante esta crisis. La representante Tonya Myers Phillips, de Detroit, explicó que la legislación busca crear un fondo suplementario de 900 millones de dólares para apoyar temporalmente a los beneficiarios de SNAP mientras se reanuda la financiación federal. “Cuando una madre soltera trabaja en tres empleos y aún no puede pagar la comida, o un adulto mayor debe racionar su alimentación mientras espera su próximo cheque de Seguro Social, algo en nuestra sociedad está profundamente roto”, declaró Myers Phillips, destacando la necesidad de intervención inmediata a nivel estatal.

La representante Betsy Coffia, de Traverse City, agregó que el programa SNAP es un salvavidas crucial para quienes enfrentan inseguridad alimentaria. “Si podemos rescatar a Argentina con 40 mil millones de dólares, que es lo que actualmente está haciendo el presidente Trump con nuestros impuestos, podemos asegurarnos de que los estadounidenses no pasen hambre. No hay razón alguna, salvo la crueldad, para que no se financie este programa”, afirmó Coffia. Por su parte, la representante Kimberly Edwards, de Eastpointe, recalcó que “el acceso a alimentos es una de nuestras necesidades humanas más básicas, y quitarle esto a 1.4 millones de michiganders es inconcebible”.

Whitmer también ha liderado esfuerzos a nivel nacional junto a otros 21 gobernadores para presionar a la administración federal a detener la interrupción de SNAP y evitar que millones de familias enfrenten hambre. En una carta conjunta enviada recientemente, subrayaron que SNAP no sólo asegura alimentación para 42 millones de estadounidenses a nivel nacional, incluidos 16 millones de niños y 8 millones de adultos mayores, sino que también protege la salud, permite a los hogares pagar medicamentos y contribuye significativamente a la economía local, generando casi 300 millones de dólares al mes en Michigan.

A nivel federal y estatal, la representante de West Michigan Hillary Scholten, junto con la líder del Senado de Michigan, la senadora Winnie Brinks, y la representante estatal Kristian Grant, pidieron tomar medidas inmediatas para proteger a los beneficiarios de SNAP.

“El USDA tiene la capacidad de utilizar el fondo de contingencia de SNAP para emitir beneficios y debe hacerlo de inmediato”, dijo Scholten, mientras Brinks advirtió que cuanto más dure el cierre, más graves y difíciles de superar serán las consecuencias para los michiganders.

Sommer Foster enfatizó que la interrupción del programa también revela las barreras y el estigma que enfrentan las familias trabajadoras cuando buscan ayuda alimentaria alternativa. “Es simple: nadie merece pasar hambre. Todos necesitamos y merecemos acceso a alimentos saludables y asequibles. Esto es una necesidad humana básica que no debería verse con desprecio. En un país con tanta riqueza, nadie debería enfrentar barreras para acceder a comida”, afirmó. Según Foster, más del 46% de los beneficiarios de SNAP en Michigan pertenecen a familias trabajadoras, lo que pone de relieve cómo la política federal agrava las desigualdades existentes.

La respuesta comunitaria ha sido inmediata. Organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos están coordinando esfuerzos para mitigar el impacto de la suspensión de SNAP. Michigan Voices, en colaboración con United Way Southeastern Michigan y ACCESS, está compartiendo recursos sobre la ubicación de despensas de alimentos y otras opciones disponibles para las familias. AJ Fosse, director ejecutivo de Community Food Club en Grand Rapids, señaló que si bien la asistencia caritativa ayuda, no puede reemplazar la cobertura amplia y confiable que proporciona SNAP. “Por cada comida que brinda la ayuda caritativa, SNAP proporciona muchas más”, indicó Fosse, enfatizando la necesidad de una solución federal definitiva.

El impacto de SNAP en comunidades de la minoría es particularmente alarmante. A nivel nacional, aproximadamente el 63% de los beneficiarios del programa son no blancos o de raza desconocida, y la interrupción de los beneficios amenaza con profundizar la desigualdad y la pobreza. Foster señala que SNAP es una intervención comprobada para reducir la pobreza y la inequidad, y que su eliminación temporal no tiene justificación. “Las comunidades de color continúan siendo las más afectadas por los recortes federales, y esta suspensión no es diferente. SNAP debe permanecer intacto”, enfatizó.

Mientras tanto, el paquete legislativo de los demócratas en Michigan incluye otras medidas para garantizar que los bancos de alimentos permanezcan abastecidos. La representante Coffia propuso un suplemento de 12.5 millones de dólares para apoyar al Food Bank Council of America, mientras que la representante Edwards impulsa una cantidad similar para programas de despensas de alimentos que atienden a quienes enfrentan inseguridad alimentaria. Otros legisladores, como la representante Denise Mentzer y Reggie Miller, han presentado resoluciones para instar al presidente Trump y al Congreso a reabrir el gobierno federal o, como mínimo, asegurar la distribución continua de SNAP.

Foster advierte que el cierre federal y la pausa de SNAP tienen repercusiones directas en la vida cotidiana de los michiganders. “Estamos viendo cómo nuestros niños, adultos mayores y personas con discapacidades son los más afectados. Los miembros de nuestra comunidad luchan por llegar a fin de mes, no pueden pagar renta, comida ni servicios públicos. La situación es crítica y requiere acción inmediata”, dijo. Además, subraya que los esfuerzos locales, aunque valiosos, no pueden reemplazar una solución federal integral.

Whitmer también ha instruido a los departamentos estatales a compilar una lista de programas y recursos locales para asegurar que los michiganders puedan acceder a alimentos, continuar con programas como Double Up Food Bucks y Hunters Feeding Families, y mantener la alimentación gratuita para 1.4 millones de estudiantes en escuelas públicas, asegurando que los niños reciban desayuno y almuerzo sin que los padres tengan que pagar adicionalmente.

La combinación de acción legislativa estatal, liderazgo gubernamental y coordinación comunitaria busca amortiguar el impacto inmediato de la interrupción de SNAP. Sin embargo, tanto Foster como los legisladores subrayan que solo la acción federal puede garantizar la estabilidad a largo plazo.

“Nuestros legisladores deben actuar ahora para evitar aún más inseguridad alimentaria en todo el estado. Nuestras comunidades merecen no solo sobrevivir, sino beneficiarse del crecimiento económico que generan cada día”, recalcó Foster.

La crisis inminente en Michigan es un reflejo del debate nacional sobre la seguridad alimentaria y la prioridad que se le otorga a la vida de millones de estadounidenses frente a disputas políticas. Mientras la fecha de corte del 1 de noviembre se acerca, las familias, los adultos mayores y las personas con discapacidades permanecen en una situación de incertidumbre, con la presión de tomar decisiones imposibles entre pagar por alimentos, vivienda, energía o atención médica. La convergencia de la acción legislativa, la presión de los gobernadores y la labor incansable de organizaciones comunitarias representa un esfuerzo integral para proteger a quienes dependen de SNAP, aunque la solución definitiva depende del nivel federal.

El paquete de medidas estatales y la presión ejercida por gobernadores demócratas también buscan visibilizar la importancia de SNAP más allá de la provisión de alimentos. Estudios muestran que los niños que reciben SNAP tienen mayores probabilidades de asistir a chequeos médicos regulares y que los adultos mayores pueden completar sus tratamientos médicos al tener garantizada la alimentación. Además, la asistencia alimentaria impulsa la economía local mediante la generación de empleo y la recaudación fiscal, elementos que se ven amenazados con la interrupción de los beneficios.

Sommer Foster enfatizó que la lucha por proteger SNAP es también una lucha por la justicia social y la equidad.

“Nuestros esfuerzos no son solo para llenar estómagos vacíos, sino para garantizar que todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad. No se trata de caridad, sino de derechos básicos”, señaló.

Mientras los legisladores estatales trabajan para implementar fondos suplementarios y los bancos de alimentos intensifican su respuesta, la realidad para millones de michiganders permanece precaria. Las decisiones que se tomen en los próximos días determinarán si las familias pueden mantener un mínimo de estabilidad, acceso a alimentos nutritivos y seguridad económica, o si se enfrentarán a un invierno marcado por el hambre, la ansiedad y la incertidumbre.

Más de 1 millón de michiganders enfrentarán inseguridad alimentaria por la pausa de SNAP