POR JOHN O’CONNOR

SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — Los inmigrantes que viven en Illinois, uno de los estados más afectados por la batida migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, a partir de ahora cuentan con protecciones contra las labores federales de inmigración cerca de juzgados, hospitales, campus universitarios y guarderías gracias a una ley promulgada el martes por el gobernador JB Pritzker.

La ley, que entra en vigor de inmediato, también pone a disposición medidas legales para aquellos cuyos derechos constitucionales fueron violados durante las redadas migratorias en el área de Chicago, incluyendo 10.000 dólares en indemnizaciones para quienes fueron arrestados ilegalmente mientras intentaban asistir a un procedimiento judicial.

“Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que altere la vida”, declaró Pritzker durante la ceremonia de firma en el vecindario de La Villita, un barrio predominantemente latino en Chicago. “Illinois — frente a la crueldad y la intimidación — ha elegido la solidaridad y el apoyo”.

Los críticos afirman que la ley será anulada por los tribunales.

La “Operación Midway Blitz” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), que parece haber concluido, dejó más de 4.000 arrestos. Según los datos de las personas detenidas desde principios de septiembre hasta mediados de octubre, sólo el 15% de los arrestados tenía antecedentes penales, la gran mayoría de ellos por infracciones de tráfico, delitos menores o delitos no violentos.

Los legisladores no regresaron a sesión hasta octubre y aprobaron la medida a finales del mes, enviándola al demócrata Pritzker.

Ahora, los agentes federales tienen prohibido arrestar dentro o cerca de un tribunal a cualquier persona que asista a ciertos procedimientos legales. Además, la ley establece multas de 10.000 dólares por el arresto de una persona que el agente debiera saber que asistía a una audiencia judicial. Impide la divulgación de registros médicos privados por parte de los hospitales, impide a las universidades tomar ciertas acciones con respecto al estatus migratorio de estudiantes o empleados y prohíbe a las guarderías compartir información de estatus.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), dijo sobre Pritzker: “Debe desconocer la Constitución de los Estados Unidos”, cuya cláusula de Supremacía declara que la ley federal no puede ser reemplazada.

“Esperamos que los titulares, los ‘me gusta’ en redes sociales y los correos electrónicos de recaudación de fondos por los que hizo esto valgan la pena”, dijo McLaughlin.

Cuando la Legislatura aprobó el plan, el presidente del Senado estatal, el demócrata Don Harmon, reconoció las quejas de los críticos de que enfrentaría un desafío legal. Añadió que cree que es constitucional, pero que el gobierno federal podría intentar encontrar un tribunal favorable para anular la medida.

“No hay insignia, título ni máscara que ponga a nadie por encima de la Constitución”, dijo Harmon el martes. “Esta ley envía el mensaje de que si abusas de tu autoridad, hay consecuencias”.

Linda Tortolero, directora del grupo de defensa Latino Policy Forum, dijo que la nueva ley muestra cómo “en Illinois, apoyamos a las familias inmigrantes, la democracia y los derechos civiles”.

Ley de Illinois protege a inmigrantes de arrestos cerca de tribunales, hospitales o escuelas