Por Sala de Redacción EVH
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(EVH) __ Un juez federal determinó de manera preliminar que la administración del presidente Donald Trump no puede obligar a los estados a entregar información detallada de las personas que han solicitado o reciben asistencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), uno de los pilares de la red de protección social en Estados Unidos.

La jueza federal Maxine Chesney, con sede en San Francisco, señaló el viernes que el gobierno federal no puede actuar sobre las exigencias enviadas a los estados el año pasado. En 2025, Chesney ya había bloqueado al Departamento de Agricultura (USDA) tras una demanda presentada por 22 estados que impugnaron la política, la cual exigía datos sensibles, incluido el estatus migratorio de solicitantes y beneficiarios.

La administración Trump sostiene que la información es necesaria para combatir el fraude y el uso indebido de recursos en el programa de ayuda alimentaria más grande del país. Sin embargo, los estados demandantes argumentaron que esos datos podrían ser compartidos con autoridades migratorias, lo que, según ellos, sería ilegal.

SNAP asiste actualmente a unos 42 millones de personas en Estados Unidos, aproximadamente uno de cada ocho residentes, ayudándolos a cubrir el costo de alimentos básicos. Las personas sin estatus migratorio regular no son elegibles para recibir estos beneficios.

Aunque la mayoría de los estados ha cumplido con la solicitud federal, incluido Nevada, que forma parte de la demanda, otros como Kansas no han entregado la información, aunque tampoco se sumaron al litigio. Salvo Nevada, todos los estados demandantes están gobernados por demócratas.

El gobierno federal no ha hecho públicos los detalles de los datos ya entregados, pero asegura que revelan niveles de fraude mayores a los estimados anteriormente. La disputa por los registros de SNAP se suma a otros enfrentamientos entre la administración Trump y estados liderados por demócratas, en los que el gobierno federal ha amenazado con retirar fondos bajo el argumento de combatir el fraude.

En diciembre, el Departamento de Agricultura advirtió a los estados que dejaría de cubrir los costos administrativos del programa si no cumplían con la entrega de datos y presentó nuevos protocolos de seguridad, los cuales fueron rechazados por los estados demandantes. El gobierno federal alegó que estas nuevas exigencias no estaban cubiertas por el fallo anterior.

No obstante, durante la audiencia del viernes, la jueza Chesney dejó claro que su próxima orden establecerá que el gobierno federal no puede hacer valer esas solicitudes, reforzando así los límites a la recolección de información sensible de millones de beneficiarios del programa.

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