de la ACLU

Por Sala de Redacción EVH

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DETROIT, MICHIGAN (EVH) — Juan Manuel López-Campos, residente de Detroit y padre de cinco hijos ciudadanos estadounidenses, recuperó este lunes su libertad después de pasar más de dos meses detenido por las autoridades de inmigración bajo una directiva nacional de la administración del presidente Donald Trump. La decisión judicial que permitió su liberación marca un precedente importante para cientos de inmigrantes que enfrentan procesos similares en Michigan y en otros estados.

López-Campos, quien ha vivido en Estados Unidos durante 26 años, fue arrestado pese a no tener antecedentes criminales y contar con arraigo comunitario y vínculos con su iglesia. Bajo la nueva directiva federal, se le negó la posibilidad de una audiencia de fianza, un derecho que históricamente había estado disponible en los tribunales de inmigración. Esta política, impulsada a nivel nacional, buscaba restringir de manera drástica el acceso a revisiones judiciales y prolongar detenciones migratorias.

La situación cambió cuando la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan, junto con el abogado Shahad Atiya, presentó una demanda federal en nombre de López-Campos. El caso cuestionó directamente la legalidad de la nueva medida, argumentando que violaba tanto décadas de práctica gubernamental como la propia legislación vigente que garantiza audiencias de fianza.

A finales del mes pasado, la jueza de distrito Brandy R. McMillion falló a favor del inmigrante, calificando la directiva de “no solo equivocada, sino fundamentalmente injusta”. En su resolución, la magistrada ordenó la liberación inmediata de López-Campos o, en su defecto, la celebración de una audiencia de fianza. Ante este fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se vio obligado a ponerlo en libertad.

Visiblemente aliviado tras reencontrarse con su familia, López-Campos expresó en un comunicado: “Estoy feliz de finalmente estar con mi familia con la ayuda de mi equipo legal. Espero seguir luchando por mi caso”. Sus palabras reflejan el complejo panorama al que se enfrentan muchos inmigrantes que, como él, deben esperar durante meses o incluso años la resolución de sus procesos migratorios.

El caso ha generado un fuerte pronunciamiento de la ACLU de Michigan, que considera la medida de la administración Trump como un ataque directo al debido proceso. Ramis J. Wadood, abogado de la organización, señaló: “Estamos encantados de que Juan pueda regresar a casa con su familia mientras su caso de inmigración continúa. Fue no solo ilegal, sino inhumano, mantener encerrado a este residente de Detroit de largo tiempo, que tiene lazos cercanos con su familia, su comunidad y su iglesia. Se hizo justicia”.

Wadood advirtió, sin embargo, que la batalla está lejos de concluir. “Hay cientos, si no miles, de personas que aún están siendo privadas de lo que Juan acaba de experimentar: la oportunidad de pelear su caso migratorio desde casa. Por eso, no descansaremos hasta que cada individuo afectado pueda ejercer ese mismo derecho al debido proceso y tenga la posibilidad de regresar a sus familias”, agregó.

Por su parte, el abogado Shahad Atiya, quien trabajó en conjunto con la ACLU en este litigio, calificó la liberación como una victoria importante. “Estamos muy complacidos con la liberación del señor López-Campos. El gobierno no tenía ninguna razón legítima para mantenerlo detenido durante su caso migratorio, un proceso que puede durar meses o incluso años. La crueldad era el objetivo, pero nos alegra que la justicia prevaleciera”, afirmó.

El caso López-Campos resalta la tensión existente entre las políticas federales de inmigración y los derechos individuales reconocidos en la Constitución y en la ley. La directiva implementada por la administración Trump busca imponer detenciones obligatorias sin revisión judicial, lo que, de aplicarse de manera sistemática, podría dejar a miles de inmigrantes sin acceso a un proceso justo.

La resolución judicial, aunque representa un alivio inmediato para López-Campos y su familia, también envía un mensaje claro sobre los límites de las políticas migratorias. El fallo de la jueza McMillion no solo corrigió una injusticia individual, sino que abrió la puerta a cuestionamientos más amplios sobre la legalidad de la detención prolongada sin audiencia de fianza.

Mientras su caso de inmigración continúa, López-Campos podrá permanecer en Detroit junto a sus cinco hijos y su esposa, retomando su vida en comunidad. Sin embargo, su experiencia expone la vulnerabilidad de miles de familias que enfrentan la amenaza de la separación bajo directivas federales restrictivas.

La ACLU de Michigan ha reiterado que seguirá litigando para garantizar que otros inmigrantes no enfrenten la misma situación. Para la organización, el caso no se limita a un triunfo individual, sino a una lucha más amplia en defensa del principio fundamental de que toda persona merece un proceso justo y la oportunidad de estar con su familia mientras enfrenta sus procedimientos legales.

Con la liberación de Juan Manuel López-Campos, la batalla legal apenas comienza, y lo que está en juego no es solo la libertad de un individuo, sino el respeto a las garantías constitucionales en el marco de las políticas migratorias en Estados Unidos.

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