POR ED WHITE

La agencia a cargo de ejecutar la represión migratoria ordenada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha sido descrita como una violadora consuetudinaria de órdenes judiciales en Minnesota.

La declaración no provino del gobernador ni del alcalde de Minneapolis —ambos demócratas—, quienes han intercambiado repetidas críticas con Trump. Fue un juez federal con una trayectoria conservadora quien ha añadido una voz poderosa a una saga que ha conmocionado a la nación.

“El ICE no es una ley en sí misma”, escribió esta semana el juez principal de distrito Patrick Schiltz, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Schiltz no se refería a las tácticas de los agentes de inmigración, quienes han matado a dos estadounidenses en Minneapolis, irrumpido con arietes en hogares, roto ventanas, sacado a personas de automóviles y lanzado gas lacrimógeno a manifestantes iracundos.

Más bien, después de consultar a otros jueces en su tribunal, Schiltz estaba hablando sobre el incumplimiento del gobierno de casi 100 órdenes judiciales desde el 1 de enero en 74 casos en que personas arrestadas durante la Operación Metro Surge han demandado para ser liberadas, o en busca de otro tipo de alivio. Incluso ese número, dijo, está “casi con certeza sustancialmente subestimado”.

“Esta lista debería hacer reflexionar a cualquiera —sin importar sus creencias políticas— que se preocupe por el Estado de derecho... El ICE tiene todo el derecho de impugnar las órdenes de este Tribunal, pero, al igual que cualquier litigante, debe seguir esas órdenes a menos y hasta que sean revocadas o anuladas”, escribió Schiltz.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), calificó la declaración de Schiltz como una “diatriba de este juez activista”.

“No nos dejaremos disuadir por activistas, ya sea en las calles o en el estrado”, manifestó en un comunicado.

El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, también criticó en redes sociales los comentarios del juez: “El sabotaje judicial de la democracia es interminable”.

Schiltz, de 65 años, es uno de varios jueces que han denunciado al gobierno e intentado hacer que funcionarios rindan cuentas durante un incremento notable en las redadas migratorias. La jueza federal de distrito Kate Menendez les prohibió a los agentes usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos en Minnesota, aunque una apelación ha puesto esa prohibición en espera.

En noviembre, un juez federal de Chicago impuso límites similares al uso de la fuerza y declaró que un comandante de la Patrulla Fronteriza mintió sobre las amenazas que enfrentaban los agentes. Un tribunal de apelaciones suspendió la medida, y la demanda fue desestimada recientemente al disminuir la tensión.

Schiltz ha sido juez durante unos 20 años después de ser nominado por el presidente republicano George W. Bush. Fue asistente jurídico del juez Antonin Scalia, un destacado jurista conservador de la Corte Suprema, y fue abogado practicante y profesor de derecho.

“Este no es un juez que busque la controversia”, apuntó Mark Osler, un exfiscal federal que enseña derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad St. Thomas, en Minneapolis.

“Él tiene una profunda creencia en el Estado de derecho”, agregó Osler. “Nuestro contrato social incluye que, cuando los tribunales les ordenan a los funcionarios del gobierno que hagan algo, debería haber un empeño de buena fe para que eso suceda. Cuando perdemos eso, perdemos la rendición de cuentas del gobierno que una sociedad ordenada requiere”.

Schiltz dijo el lunes que estaba tomando el paso “extraordinario” de ordenarle al director interino del ICE, Todd Lyons, que compareciera y explicara por qué no debería ser considerado en desacato por el hecho de que la agencia no ha cumplido órdenes. Schiltz canceló la audiencia después de que un inmigrante en ese caso fuera liberado.

Schiltz reconoció ante Fox News Digital que ha efectuado donaciones al Immigrant Law Center of Minnesota, un organismo que ofrece asesoría gratuita a inmigrantes, y a Mid-Minnesota Legal Aid, una organización que también apoya jurídicamente a personas necesitadas. Dijo creer que las personas pobres deberían tener acceso a ayuda jurídica.

Juez en Minnesota denuncia que el ICE ha incumplido decenas de órdenes judiciales