El pasado miércoles, se juramentaron tres nuevos miembros del Consejo de Comisionados de la ciudad de Grand Rapids. Lisa Knight, por distrito 2, Kelsey Pedue, por el distrito 3 y Drew Robbins, por el distrito uno. Esperamos que aporten nuevas ideas y soluciones a la institución edilicia, porque lo que viene por ahí no es nada halagador. ¿Y qué es lo que viene? Una Caterva de problemas. Para solo mencionar algunos, el Departamento de Derechos Civiles del estado de Michigan formuló cuatro cargos de discriminación contra la policía de Grand Rapids, lo cual puede significar el pago de jugosas multas y el pago de indemnizaciones a las personas víctimas de esos hechos. Por otro lado, la familia del fenecido inmigrante congoleño, Patrick Lyoya, sometió una demanda en la corte civil contra la Ciudad de Grand Rapids por nada mas y nada meno que 100 millones de papeles con la cara de Washington, (pero no del gerente de la ciudad), sino del que dirigió la independencia. Esperamos que ahora, el controlador de la ciudad no quiere cobrarles a los contribuyentes esos cien millones, porque nosotros no tuvimos nada que ver con las metidas de patata de la policía.

Por otro lado, se cumplieron diez años de la matanza de Sandy Hook, la escuela elemental de Newton Connecticut, donde el 14 de diciembre del 2012, un hombre llamado Adam Laza, de 20 años de edad, entró armado de un rifle R-15 y mató a 20 niños y seis maestros, como si se tratara de un enfrentamiento de juego de video. El hecho conmovió al mundo entero al igual que otros parecidos ocurridos anteriormente y otros que han sucedido después. ¿Qué se ha hecho para no vuelvan a ocurrir esas tragedias? NADA.

En todos esos penosos episodios, los presidentes han hablado compungidos, los congresistas han externado su “dolor” y han prometido tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir. El tiempo ha demostrado que todo ha sido solo teatro. Muchos congresistas se benefician de los aportes económicos a sus campañas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que es la organización que representa los intereses de los fabricantes de armas. Esta organización, utiliza como justificación para defender a su cliente, la segunda enmienda de la constitución que establece el derecho de los ciudadanos a tener un arma. Todos los estudios y análisis que se han hecho respecto a la ocurrencia de matanzas masivas en el país, han demostrado que la razón número uno de esas desgracias, es la accesibilidad de la gente a armas de guerra. Los congresistas, para no afectar a sus donantes, buscan cualquier pretexto para no controlar la venta de esas armas. Han salido con la historia de que el problema es de “salud mental”, y otros más idiotas aún, han planteado que la solución es que los maestros entren armados a las escuelas. En otras palabras, el dolor de Sandy Hook se quedó en Sandy Hook, y otros dolores más vendrán sin que se haga nada.

Por último, no podemos dejar de mencionar lo que está ocurriendo en Perú. El Congreso, que no es mas que nido de oportunistas de la ultraderecha, destituyó al presidente electo en las elecciones del 2021 basándose en que éste intentó disolver el órgano legislativo, hecho que han calificado de “golpe de estado”. Pero lo cierto es, que el Congreso ha estado intentando destituir al presidente desde mismo día en que este se juramentó. El pueblo está en las calles exigiendo la disolución del Congreso. Entonces quiere decir, que lo que intentó hacer Castillo fue exactamente lo que el pueblo pide en las calles ahora. Nos vemos en los próximos jalapos, si la Virgencita lo permite.