POR LUIS ANDRÉS HENAO AND HANNAH SCHOENBAUM

SPRINGFIELD, Ohio, EE.UU. (AP) — Una jueza federal bloqueó el lunes la retirada de las protecciones que han permitido que alrededor de 350.000 haitianos vivan en Estados Unidos, asestando un revés legal, aunque quizás temporal, a la estrategia migratoria del presidente Donald Trump.

La jueza de distrito Ana Reyes, en Washington, concedió una suspensión a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para los haitianos mientras una demanda para impugnar la medida avanza en los tribunales. La cancelación, que estaba programada para el martes, “será nula, inválida y sin efecto legal”, escribió.

“Podemos respirar un poco”, dijo Rose-Thamar Joseph, directora de operaciones del Centro de Apoyo a Haitianos en Springfield, Ohio.

Reyes señaló en su opinión de 83 páginas que la parte demandante probablemente prevalecerá, y que encontró “sustancialmente probable” que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, predeterminó su decisión debido a una “hostilidad hacia inmigrantes no blancos”.

La jueza, designada por el expresidente Joe Biden, dijo que Noem no tenía “discreción ilimitada” y estaba obligada a consultar con otras agencias sobre las circunstancias en Haití. El fallo citó las propias palabras de Noem tres días después de anunciar el fin de las protecciones para los haitianos, en las que pidió que se prohibieran los viajes desde Haití y “todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, parásitos y adictos a las ayudas”.

Aunque el fallo otorga un alivio temporal a los haitianos, los próximos pasos legales no estaban claros.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (NHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, calificó el fallo de “activismo anárquico”.

“El TPS para Haití se otorgó luego de un terremoto que ocurrió hace más de 15 años”, señaló. “Nunca tuvo como objetivo ser un programa de amnistía de facto, sin embargo así es como ha sido utilizado por gobiernos anteriores durante décadas”.

El DHS dice que la situación en Haití ha mejorado, pero los líderes comunitarios dicen que todavía no es seguro.

El estatus de TPS de Haití se activó en un principio en 2010, después de un terremoto que devastó al país, y se ha extendido en varias ocasiones. La nación está asolada por la violencia de pandillas que ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares.

El gobierno de Trump ha implementado medidas agresivas para eliminar protecciones, haciendo que más personas sean elegibles para su deportación. Las medidas son parte de un esfuerzo más amplio de deportación masiva por parte del gobierno.

Además de los migrantes de Haití, Noem ha puesto fin a las protecciones para unos 600.000 venezolanos, así como para 60.000 personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal, además de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún. Algunos procesos tienen demandas pendientes en tribunales federales.

“Si la cancelación se mantiene, las personas casi con certeza morirán”, escribieron los abogados de los titulares de TPS haitianos en un documento judicial presentado en diciembre. “Algunos probablemente serán asesinados, otros probablemente morirán de enfermedades, y probablemente otros más morirán de hambre”.

Los abogados aseguran que la decisión de poner fin al estatus de Haití estaba motivada por animosidad racial, y Noem no consideró si había un conflicto armado en curso que representaría una “amenaza seria” para la seguridad personal, como requiere la ley.

El DHS señaló que las condiciones en Haití habían mejorado. En un documento judicial presentado en diciembre, los abogados del gobierno argumentaron que las afirmaciones de animosidad racial de los demandantes se basaban en declaraciones “sacadas de contexto, a menudo de otros oradores y de años atrás, y sin vínculos directos con las decisiones de la secretaria”.

“Más bien, la secretaria Noem proporcionó explicaciones razonables y legalmente suficientes para sus decisiones”, indicaron.

El gobierno publicó en noviembre un aviso en el que dio a conocer la cancelación del TPS, asegurando que había habido algunos cambios positivos para Haití, como la autorización de una nueva fuerza multinacional para combatir a las pandillas. Noem determinó que permitir que los haitianos permanecieran en Estados Unidos iba en contra del interés nacional, decía el aviso.

Jerome Bazard, miembro de la Primera Iglesia Evangélica Haitiana de Springfield, dijo que todavía es demasiado peligroso para muchos en su comunidad regresar a Haití.

“No pueden ir a Haití porque no es seguro. Sin el TPS, no pueden trabajar. Y si no pueden trabajar, no pueden comer, no pueden pagar las cuentas. Estás matando a la gente”, dijo.

Los haitianos en Springfield están llenos de incertidumbre.

Más temprano el lunes, dos docenas de líderes religiosos y cientos de feligreses en Springfield cantaron y oraron juntos en apoyo de los migrantes haitianos que temían que su estatus protegido pudiera terminar esta semana. Tenían la esperanza de que la jueza federal pudiera intervenir.

La incertidumbre sobre el TPS ha profundizado las preocupaciones para la ya asediada comunidad haitiana de la ciudad.

Trump denigró a la comunidad de unos 15.000 haitianos mientras hacía campaña en 2024 para un segundo mandato, acusando falsamente a sus miembros de comerse los gatos y perros de sus vecinos mientras presentaba a los votantes sus planes para una represión migratoria. Las afirmaciones falsas agravaron los temores sobre la división y el sentimiento antiinmigrante en la ciudad mayoritariamente blanca y de clase trabajadora de unas 59.000 personas.

En las semanas posteriores a sus comentarios, escuelas, edificios gubernamentales y casas de funcionarios electos recibieron amenazas de bomba.

Desde entonces, los haitianos en Springfield han vivido con un miedo constante que solo ha sido exacerbado por las redadas migratorias federales que ocurren en Minneapolis y otras ciudades, dijo Viles Dorsainvil, líder del Centro de Ayuda y Apoyo a la Comunidad Haitiana de Springfield.

Muchos de los niños haitianos en Springfield son ciudadanos estadounidenses que tienen padres en el país sin permiso de residencia. Algunas familias tienen demasiado miedo de enviar a sus hijos a la escuela, dijo Dorsainvil. Si son detenidos, dijo, algunos padres han firmado declaraciones para designar un tutor legal con la esperanza de mantener a sus hijos fuera del sistema de acogida.

Voluntarios de pueblos cercanos se han ofrecido a entregar alimentos a aquellos que tienen miedo de salir de casa, dijo Dorsainvil. Otros han estado acumulando víveres en caso de que los agentes de inmigración inunden el área.

Algunos, dijo, han estado recibiendo llamadas desesperadas de familiares en el extranjero instándolos a irse. “Siguen diciéndoles que Springfield ya no es un lugar seguro para que se queden”.

Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza de Inmigrantes de Ohio, dijo que el “indulto de última hora del tribunal es, por supuesto, bienvenido. Pero la gente no puede vivir sus vidas así, basando el futuro de sus familias en un caso judicial”.

Jueza federal prohíbe al gobierno de EEUU retirar las protecciones para haitianos