Podría ofrecer estatus legal a personas indocumentadas que ya viven en los Estados Unidos

Por Edith Reyes

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) – La congresista Hillary Scholten y otros cinco representantes presentaron en Washington el proyecto de Ley Dignidad 2023, el cual es un proyecto de reforma migratoria bipartidista, que en última instancia aborda el estatus legal y la posibilidad de ciudadanía para aquellos que son indocumentados y que ya viven en los Estados Unidos.

Esta propuesta de legislación bipartidista también aborda los desafíos de infraestructura y seguridad fronteriza, problemas críticos de desarrollo de la fuerza laboral, establece nuevas vías para los solicitantes de asilo y crea nuevas vías legales para los migrantes “económicos” y los menores no acompañados.

“Nuestro sistema de inmigración roto es una amenaza a la seguridad nacional, una emergencia económica y laboral, y una crisis humanitaria. Este es un problema que debe resolver el Congreso, y estamos aquí para hacerlo”, dijo la congresista Scholten. “No se equivoquen, este proyecto de ley no es perfecto. Pero no podemos dejar que la ilusión de un proyecto de ley de inmigración perfecto y aceptable nos impida hacer lo que es bueno y necesario. Este proyecto de ley hará que nuestras comunidades y nuestro país sean más seguros; traerá a nuestra fuerza laboral al siglo XXI y traerá dignidad a millones de familias trabajadoras que ya viven en los Estados Unidos y contribuyen a hacer de nuestro país un lugar mejor”.

El proyecto de ley está respaldado por los demócratas Scholten, Veronica Escobar de Texas y Kathy Manning de Carolina del Norte. Los republicanos son Mike Lawler de Nueva York, María Elvira Salazar de Florida, Lori Chávez-Deremer de Oregón y Jenniffer González Colón de Puerto Rico, quien no tiene voto en el Congreso por el estatus colonial de la isla.

Esta propuesta es otro intento en el Congreso de proporcionar un estatus legal a la comunidad migrante e indocumentada. La última vez que el Congreso aprobó una reforma migratoria fue en 1996, impulsada por los republicanos y promulgada por el presidente Bill Clinton. Ese proyecto de ley eliminó varias vías de inmigración legal, esencialmente haciendo que menos personas sean elegibles para el estatus legal y haciendo que más personas sean deportadas. Actualmente, varias agencias federales están trabajando para administrar la frontera utilizando las herramientas que tienen.

Si se aprueba, el proyecto de ley procesaría los casos de asilo dentro de los 60 días y proporcionaría a una persona indocumentada, que haya estado trabajando en el país durante más de cinco años sin antecedentes penales, poder solicitar estar en un “programa de dignidad” que los protegería de la deportación. Este programa no les proporcionaría ningún seguro de salud y además requerirá que la persona pague $700 cada año durante siete años y se gravará el 1.5 por ciento de su cheque de pago por el "embargo de dignidad".

Con la tarifa que pagaría la persona indocumentada, el dinero se destinaría a la seguridad fronteriza, lo que significa más oficiales de asilo y servicios humanitarios, por nombrar algunos. Después de los siete años, la persona podría decidir convertirse en ciudadano estadounidense en un programa de vía de redención en el que se le exigiría pagar $5,000 adicionales en el transcurso de cinco años. Se requeriría aprender inglés junto con la aprobación de un examen de educación cívica.

Hay más de 11 millones de personas indocumentadas viviendo en los Estados Unidos hoy que no pueden arreglar su estatus legal. El Congreso está actualmente dividido en dos partidos donde los republicanos tienen la mayoría.