En el mes de agosto de este año 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Buckele, dijo refiriéndose a las relaciones comerciales de su país con China, que contrario a los Estados Unidos, China no le pide nombrar a un fiscal ni a ningún otro funcionario judicial a cambio de un aporte económico. “Nunca nos han dicho les damos el muelle, pero si ponen a tal fiscal. Le damos la biblioteca, pero si cambian a los magistrados de la Corte de Justicia”. Eso lo dijo el mandatario centroamericano durante la inauguración de un parque de diversiones en la capital, San Salvador, donado por el gobierno chino. En el editorial pasado hablábamos de la transición de Golpes de estado militares a Golpes de estado Constitucionales. Y cuando nos referimos a constitucionales, estamos hablando al mismo tiempo de judiciales. ¿Qué acaba de ocurrir en Perú? El sometimiento a la justicia de un presidente por parte de una representante del poder judicial avalado por el congreso con una destitución supuestamente constitucional. El binomio perfecto. La justicia acusa y encarcela y el Congreso avala, o viceversa. El poder judicial y el poder legislativo de la mano. No hace falta un general, basta con soldados que cumplan órdenes y reprimas las protestas, porque como dijo uno de los congresistas durante la sesión del domingo 11 de diciembre “Nosotros somos un Congreso que ha dado cátedras de cómo vencer al comunismo”. En ningún golpe de estado, los golpistas han entregado el poder al sucesor constitucional del presidente depuesto, porque se supone que el mismo abriga los mismos ideales que el derrocado. En Perú pasó lo contrario, el Congreso juramentó con fanfarrias y aplausos a la vicepresidente Dina Boloarte y esta a su vez dijo que el Congreso había salvado el orden constitucional. Si eso no fue traición, habrá que consultar con los académicos del lenguaje, cuál es la nueva palabra. Es obvio que, en todo este proceso de destitución de Castillo, hubo negociaciones tras las sombras. Castillo, desde que era candidato era ridiculizado por los medios de comunicación del Perú y de la comunidad hispana de La Florida, como un maestro de campo si capacidad para gobernar. La razón es obvia, la ultraderecha que es el brazo político de la oligarquía peruana, la cual a su vez responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, no podía permitir un nuevo gobierno progresista en la región. Alguien que no considerara a Cuba y Venezuela como países terroristas, y que para completar la sopa, defendiera los intereses de los trabajadores del campo y la protección de los recursos mineros del país. Por eso, el acto de destitución por “incapacidad moral”, (una frase que escapa de toda lógica, porque la moral es un principio, no un potencial), ya estaba escrito desde los primeros 4 meses de gobierno. Intentara o no, Pedro Castillo disolver el Congreso, sus días estaban contados. En el año 2004 se produjo un golpe de estado en Haití contra el presidente Jean Bertrand Aristide, quien había asumido el poder en el 2001. El Departamento de Estado de Estados Unidos le había sugerido a Aristede utilizar una escolta dirigida por contratistas norteamericanos para protegerlo de alguna posible traición de sus conciudadanos. Dos años después, fue esa misma escolta la que lo secuestró y sacó del país para dar paso a un gobierno de facto.