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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH)_ La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, junto a otros 20 fiscales generales de diferentes estados, presentaron una demanda contra el gobierno federal para impedir nuevas restricciones que dificultan el acceso a programas sociales y de salud esenciales. La acción legal busca detener cambios impuestos por agencias federales que exigen verificar el estatus migratorio antes de que los residentes puedan recibir beneficios públicos.

Estos cambios afectan servicios cruciales como la educación para niños, la planificación familiar, la atención en salud mental y centros comunitarios de salud. Según Nessel, estas reglas obligan a los proveedores a hacer verificaciones migratorias que tomarían meses implementar y podrían provocar la pérdida de fondos federales para muchos programas. Además, advierte que estas restricciones no solo perjudican a inmigrantes indocumentados, sino también a personas con visas legales e incluso a ciudadanos estadounidenses que no tienen documentos formales.

El gobierno federal modificó la interpretación de una ley federal, conocida como PRWORA, para prohibir que los estados usen fondos federales en servicios a personas que no puedan comprobar su estatus migratorio. Estas nuevas reglas entraron en vigor de forma inmediata, causando confusión y dificultades para los programas estatales, que no están preparados para cumplirlas.

En Michigan, por ejemplo, el programa de planificación familiar Title X atiende a casi 42,000 personas al año y ofrece servicios como acceso a métodos anticonceptivos y apoyo en casos de embarazo. Adaptar este programa a las nuevas reglas tomaría al menos nueve meses y requeriría recursos adicionales. Otros programas afectados incluyen los servicios para personas sin hogar, la asistencia para discapacitados y los servicios de empleo que ayudan a más de 370,000 residentes anualmente.

La demanda sostiene que el gobierno federal actuó de manera ilegal al implementar estos cambios sin seguir los procedimientos adecuados y al imponer nuevas condiciones de financiamiento sin notificar ni consultar a los estados. También argumenta que estas medidas violan la Constitución de Estados Unidos.

Este es el vigésimo quinto caso que el Departamento de Justicia de Michigan presenta contra la administración federal desde enero de 2025, en defensa de los derechos y el bienestar de los habitantes del estado. Jueces ya han ordenado en ocasiones anteriores que se liberen fondos federales para programas como Medicare y Head Start, beneficiando a miles de familias.

La fiscal general Nessel y sus colegas piden a la corte que suspenda la aplicación de estas nuevas reglas, que se anulen y que se mantenga el acceso a los programas sociales y de salud, fundamentales para millones de personas en Michigan y en todo el país.

Fiscal General de Michigan y otros 20 fiscales demandan para frenar restricciones federales que amenazan programas sociales