El plebiscito de Ecuador, la legalización de una tiranía

El próximo domingo 21 de abril más de 12 millones de ecuatorianos están convocados a asistir a las urnas para votar por una consulta o plebiscito. La carta de votación tiene 11 puntos que buscan el permiso de la población para el establecimiento de una dictadura solapada bajo el pretexto de seguridad.

Ecuador vivió 10 años de progreso sostenido bajo la coalición Alianza País, luego llamada Revolución Ciudadana, desde el 2007 hasta el 2017, la cual redujo la criminalidad convirtiéndolo en el segundo país más seguro del hemisferio y tuvo un crecimiento económico sostenido que impulsó la inversión de capitales, además de una política social que ayudó a sacar a cientos de miles de ecuatorianos de la extrema pobreza.

Por eso, en las elecciones del 2017 la organización política que encabezó la revolución ciudadana ganó las elecciones con Lenin Moreno como candidato.

Pero resultó que el nuevo presidente era un cáncer maligno oculto entre las células sanas que oportunamente haría metátesis.

Con el mayor descaro, Moreno se alió a los sectores más siniestros del país y sus consorcios extranjeros para borrar los logros de la revolución ciudadana embarrando de corrupción a sus protagonistas. Así, el líder de la iniciativa, el presidente Rafael Correa y su vicepresidente, Jorge Glas, terminaron siendo acusados de todos los delitos de estado y convertidos en prófugos de la justicia.

Moreno, actuando como servil incondicional de la derecha ecuatoriana, estrechamente ligada a los intereses geopolíticos norteamericanos, entregó a la justicia inglesa al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien el gobierno de Correa había dado asilo para protegerlo de la persecución de que es objeto por haber sacado a la luz los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán y las torturas y secuestros de la CIA.

Para Estados Unidos, como líder del capitalismo y la derecha global, el hecho de que un país progrese bajo la bandera de la izquierda es una amenaza geopolítica. Por eso, aún persiste el embargo y las sanciones contra Cuba, y se acusa de corrupción a todos los gobiernos que ponen por delante los intereses de sus pueblos y no sirven a los intereses de los grandes capitales.

La administración de Moreno fue un modelo de corrupción y entreguismo a los intereses de la oligarquía ecuatoriana, la cual representa el 1.3 por ciento de la población y deposita en su montaña de riquezas el 50 por ciento de la producción nacional. Como es obvio, las grandes corporaciones son las dueñas de los medios informativos, los que a su vez se encargan de endemoniar a quienes se les ordene lo mismo que endiosar a selectivos personajes.

Ecuador tiene una clase oligarca con mucho atraso político, que no es capaz de entender que el aumento del ingreso de la población representa también el aumento de sus consumidores. Ve en cada acción social una hoz y un martillo, y una amenaza a su poderío.

Moreno hundió a Ecuador en el abismo y la clase oligárquica asumió ella misma las riendas en la persona de Guillermo Lasso.

Lasso, se ocupó más en hacer crecer su fortuna que en administrar y dejó correr la corrupción a niveles alarmantes.

De manera irresponsable, abandonó el gobierno para seguir administrando sus negocios.

Lasso posee una fortuna de 61 millones de dólares, 192 de los cuales se agregaron en su corto mandato.

La oligarquía colocó entonces a un nuevo enclave, Daniel Noboa, mediante artimañas que incluyeron el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio, para acusar a la candidata del correísmo.

Para ello se valió del poder de su maquinaria de medios informativos.

Noboa es hijo de Álvaro Noboa, un multimillonario que ha venido incursionando en la política bajo la cual también ha amasado su fortuna. El patrimonio de Álvaro Noboa y su hijo es de cerca de 100 millones de dólares.

Daniel Noboa, quien tiene 35 años de edad, pretende utilizar la crisis que vive el país para afianzarse en el poder. Mediante el plebiscito pretende usar el ejército como policía, suspender los derechos ciudadanos y restringir las reivindicaciones de los trabajadores.

El asalto a la embajada de México que él ordenó para perseguir a Jorge Glas es una muestra del peligro que representa para el pueblo ecuatoriano. Un presidente que es capaz de violar una sede diplomática para perseguir a un enemigo político no tiene límites en el uso del poder.

Si los ecuatorianos aprueban la engañosa consulta de este domingo estarán poniéndose la soga al cuello. Estarán legitimando a una dictadura y coronando a un tirano.