Autoridades migratorias federales de Estados Unidos planean gastar 38.300 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención a 92.600 camas, según muestra un documento publicado el viernes, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas compra almacenes discretamente para convertirlos en centros de detención y procesamiento.

La gobernadora republicana de Nueva Hampshire, Kelly Ayotte, publicó el documento en internet en medio de la tensión por los planes del ICE —siglas en inglés del servicio de inmigración— de convertir un almacén en la localidad de Merrimack en un centro de procesamiento con 500 camas.

El documento señala que el ICE planea establecer 16 centros regionales de procesamiento con una población de entre 1.000 y 1.500 detenidos, cuyas estancias promediarían de tres a siete días. Otros ocho centros de detención a gran escala podrían albergar de 7.000 a 10.000 detenidos por periodos que, en promedio, serían menores a 60 días.

El texto también hace referencia a la adquisición de 10 instalaciones existentes “llave en mano”.

Los planes prevén que todas estén en funcionamiento para noviembre, mientras funcionarios de inmigración ponen en marcha una expansión masiva de 45.000 millones de dólares de los centros de detención, financiada por la reciente ley de recortes de impuestos promulgada por el presidente Donald Trump.

A mediados de enero, el ICE tenía a más de 75.000 inmigrantes detenidos, frente a 40.000 cuando Trump asumió el cargo un año antes, según datos federales publicados la semana pasada.

El documento recién difundido se refiere a “instalaciones no tradicionales”, y se da a conocer luego de que el ICE ha comprado discretamente al menos siete almacenes —algunos de más de 92.900 metros cuadrados (1 millón de pies cuadrados)— en las últimas semanas en Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas.

La adquisición de almacenes en seis ciudades se frustró cuando los propietarios decidieron no vender ante la presión de activistas. Sin embargo, varios otros acuerdos en lugares como Nueva York están a punto de concretarse.

Con frecuencia, los funcionarios municipales no pueden obtener detalles del ICE hasta que se finaliza la venta de una propiedad.

Las tensiones afloraron después de que el director interino del ICE, Todd Lyons, testificara el jueves que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “ha trabajado con la gobernadora Ayotte” y le proporcionó un resumen del impacto económico.

Ayotte dijo que esa aseveración “simplemente no es cierta”, y que el resumen se envió horas después de que Lyons testificara.

El documento se refiere erróneamente a los “efectos en cadena en la economía de Oklahoma” y a los ingresos generados por los impuestos estatales sobre las ventas y sobre la renta, ninguno de los cuales existe en Nueva Hampshire.

“Los comentarios del director Lyons hoy son otro ejemplo del preocupante patrón de problemas con este proceso”, manifestó Ayotte. “Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional siguen sin proporcionar ningún detalle de sus planes para Merrimack, y mucho menos informes o sondeos”.

El DHS no respondió a preguntas sobre los comentarios de Ayotte ni acerca del nuevo documento. Pero anteriormente confirmó que estaba buscando más espacio de detención, aunque objetó que se llamara “almacenes” a los sitios, al señalar en un comunicado que serían “instalaciones de detención muy bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares regulares de detención”.

EEUU planea gastar $38,3 mil millones para aumentar la capacidad de detención de inmigrantes