De golpes de estado militares a golpes de estado constitucionales

América Latina, ha sido desde que sus territorios se convirtieron en naciones, la víctima de las grandes corporaciones multinacionales respaldadas por el poder militar de los Estados Unidos. Pero al igual que el que abre la puerta desde adentro, esa influencia y explotación de riquezas no hubiera sido posible sin el apoyo de sectores empresariales y políticos de esos países.

Centroamérica y el Caribe fueron prácticamente colonizados por la United Fruit Corporation, la Gulf And Western y el resto del continente por mineras como Rosario Minin, Falconbridge, Shell Corporation, Esso Stard Oil y un sinnúmero de otras multinacionales.

Los dictadores de derecha como Anastasio Somoza de nicaragua y Pérez Jiménez de Venezuela, por nombrar solo algunos, recibieron siempre un sólido respaldo de Estados Unidos porque permitían la explotación de recursos naturales y representaban muros de contención contra la expansión del comunismo en la región.

Los gobiernos que por asomo intentaron cuestionar los onerosos contratos con las multinacionales, o que de alguna manera podían salir del control del Departamento de Estado de Estados Unidos, fueron derrocados por golpes de estado militares, con el respaldo de las oligarquías locales, como fue el caso de Juan Bosch en República Dominicana y Salvador Allende en Chile.

Pero los tiempos cambian y ya, salvo excepciones, la explotación de recursos naturales no puede realizarse con el estilo anterior de saqueo, sino bajo contratos con decentes concesiones para los países propietarios de los mismos, porque para el modelo económico global actual, más importante que el precio de la materia prima, es la garantía de suministro de las mismas.

Los golpes de estado militares para salir de los gobiernos “hostiles” fueron perdiendo efectividad en la medida que los países latinoamericanos se fueron desarrollando institucionalmente y los ejércitos pasaron a ser subalternos del poder civil.

Los últimos dos golpes de estado militares se produjeron en Honduras en el 2009, y en Bolivia en 2019. El presidente hondureño Manuel Celaya fue arrestado de madrugada en su casa y el presidente boliviano, Evo Morales, fue obligado a renunciar por los altos mandos militares.

Tras los fracasos de intentos de golpes militares en Venezuela, ha surgido una modalidad: el golpe de estado constitucional.

Este fue puesto en práctica con gran efectividad en Brasil para sacar del gobierno de ese país al Partido de los Trabajadores, el cual representaba un problema para las corporaciones norteamericanas y europeas. Brasil, es una de las economías más grandes del mundo. Bajo la administración de Lula DaSilva, el país sudamericano había logrado un crecimiento económico que lo convertía en una potencia comercial en el continente. Para mayor preocupación de Estados Unidos, el gobierno del PT era aliado del presidente venezolano Hugo Chávez y respaldaba económicamente a Cuba, lo cual desafiaba el embargo norteamericano de más de 60 años a la isla. Lula también había auspiciado alianzas económicas y geopolíticas con gobiernos progresistas del continente. En el 2016, los sectores de la oligarquía brasileños formularon cargos judiciales contra la presidenta Dilma Rousseff los cuales el Congreso acogió para sacarla de la presidencia a los ocho meses y 17 días después de haber asumido el cargo. También, para asegurarse de que el PT no volviera a gobernar, se formularon cargos contra el entonces expresidente Lula DaSilva con la finalidad de inhabilitarlo de participar en elecciones. Como consecuencia de ello, la derecha se abrió paso sin escombros hacia la presidencia colocando en ella a Jair Bolsonaro.

Cinco años después, como botella sumergida en el mar que sube inesperadamente a la superficie, salieron de la misma, confesiones de los propios fiscales que formularon los cargos admitiendo que éstos fueron fabricados.

El mas reciente de los nuevos golpes de estado es el de Perú. Pedro Castillo ganó las elecciones en el 2021, asumió el cargo en julio de ese año y cuatro meses después el Congreso solicitó su destitución. Le impidió nombrar funcionarios claves y hasta le prohibió asistir a la toma de posesión del presidente Petro de Colombia y a la Asamblea de las Naciones Unidas. En el tercer intento el Congreso logró su objetivo.

Como ha de suponerse, esos golpes de estado necesitan consenso social, por eso vienen acompañados de poderosas campañas de propaganda que se originan en los medios locales propiedad de las élites económicas, pasan a las agencias de prensa europeas y americanas y de éstas a las cadenas nacionales de todo el mundo. Mucha gente creyó que Dilma y Lula eran corruptos, que Evo Morales hizo fraude en las elecciones del 2019 y que Pedro Castillo fue destituido por intentar dar un golpe de estado, cuando en realidad el golpe de estado se lo había dado a él el Congreso desde el primer día que juró como presidente.