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Editorial 1339

18 mayo 2023

Situaciones graves demandan respuestas graves

Por decisión de la dirección de las escuelas públicas de Grand Rapids los niños de este distrito no pueden ir a la escuela con mochilas como lo han hecho desde hace más de un siglo.  La razón: para evitar que algún niño lleve un arma en su mochila y mate a otros.

Es algo que da ganas de reír y de llorar. Que en las escuelas haya que acudir a medidas extremas para salvar la vida de los estudiantes.

Aunque la preocupación de la administración de las escuelas es genuina, no son muchos los casos en los que un estudiante haya disparado a alguien con un arma que cargaba en su mochila.  Las matanzas que se han producido en las escuelas han sido perpetradas con armas de asalto llevadas en las manos, escondidas en sus camisas y en los compartimentos de los autos estacionados en la escuela a las que acceden con facilidad.  Prohibir las mochilas hará su parte en prevenir tragedias, pero hacen falta más medidas. Es lamentable, pero a situaciones extraordinarias se responde con medidas extraordinarias.  El Congreso de los Estados Unidos se ha hecho de oídos sordos ante la tragedia diaria de matanzas masivas y la frecuente ocurrencia de estas contra niños en las escuelas.

La administración de Bill Clinton intentó por todos los medios controlar la venta de armas de fuego.  El Congreso dominado por legisladores republicanos se opuso rotundamente y apenas en arduas negociaciones con la Casa Blanca se logró prohibir las armas de asalto por lo menos por 10 años.  Poco tiempo después, en 1999, con armas de asalto dos estudiantes realizaron una masacre en la escuela Columbine de Colorado matando a 12 estudiantes de entre 14 y 18 años de edad, a un profesor y luego se suicidaron.  Pese a esa matanza y otras que ocurrieron luego, los legisladores republicanos derogaron la ley de las armas de asalto aduciendo que se había cumplido el plazo.

Las matanzas de Parkland, Florida, Ubalde en Texas de Sandy Hook y todas las que han convertido a las escuelas en lugares inseguros no han hecho cambiar a los políticos republicanos de su posición de defender la Segunda Enmienda de la Constitución que consagra el derecho a tener un arma. Una prerrogativa anacrónica y sin sentido en el siglo 21, alimentada por el individualismo que caracteriza la sociedad americana.

Michigan fue uno de los primeros estados en ver masacres de estudiantes.  En 1927 un individuo lanzó explosivos contra una escuela de Bath, Michigan a una hora de Grand Rapids matando a 45 estudiantes porque estaba furioso por los impuestos a los propietarios de viviendas para sostener el sistema escolar.

Es un hecho que los políticos republicanos no van a transigir en aprobar leyes para el control de las armas.  Hace unas tres semanas el exvicepresidente Mike Pence dijo en un mitin en Indiana que “no necesitamos controlar las armas, sino controlar el crimen”, una forma irresponsable de dar la espalda a realidad.

La Superintendente de educación de Grand Rapids dijo hace una semana defendiendo la prohibición de las mochilas, que se oponía a utilizar detectores de metales en las escuelas porque no quiere que los estudiantes se sientan que entran a una prisión.

Es un razonamiento entendible, pero no funcional.

En muchos países de América Latina las casas están cubiertas con estructuras de metal como una cárcel.  Los residentes prefieren eso antes que morir asesinados por algún delincuente.

Ese es el razonamiento que nos mandan las circunstancias.