POR MARTHA BELLISLE

SEATTLE (AP) — Ramón Rodríguez Vázquez fue trabajador agrícola durante 16 años en el sureste del estado de Washington, donde él y su esposa criaron a cuatro hijos y 10 nietos a lo largo de 40 años. Este hombre de 62 años era parte de una comunidad muy unida y nunca cometió un delito.

El 5 de febrero, agentes de inmigración que acudieron a su casa en busca de otra persona lo detuvieron. Se le negó la libertad bajo fianza, a pesar de las cartas de apoyo de amigos, familiares, su empleador y un médico quien dijo que la familia lo necesitaba.

Fue enviado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Tacoma, Washington, donde su salud se deterioró rápidamente, en parte porque no siempre le proporcionaban sus medicamentos recetados para diversas condiciones médicas, incluida la hipertensión. Además, estaba el impacto emocional de no poder cuidar a su familia ni a su nieta enferma. Abrumado por todo, al final se rindió.

En una comparecencia ante un juez de inmigración, solicitó salir del país sin un registro formal de deportación en su expediente. El juez accedió y regresó a México, solo.

Su caso es un ejemplo del impacto de los agresivos esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para deportar a millones de inmigrantes a un ritmo acelerado que deja de lado años de procedimientos y procesos legales en favor de resultados expeditos.

Dramas similares se desarrollan en las cortes de inmigración de todo el país, y se aceleran desde principios de julio, cuando el ICE comenzó a oponerse a la fianza para cualquier detenido, independientemente de sus circunstancias.

“Él era la cabeza de la casa, de todo —quien se ocupaba de todo—”, dijo Gloria Guízar, de 58 años, esposa de Rodríguez. “Estar separado de la familia ha sido muy duro. Aunque nuestros hijos ya son grandes y tenemos nietos, todos lo extrañan”.

Salir del país era impensable antes de que lo retuvieran en una celda. El proceso de deportación lo hizo pedazos.

“Autodepórtese o lo deportaremos”

Es imposible saber cuántas personas abandonaron Estados Unidos voluntariamente desde que Trump asumió el cargo en enero debido a que muchos se van sin informar a las autoridades. Pero Trump y sus aliados apuestan por la “autodeportación” —la idea de que pueden hacer la vida lo suficientemente insoportable como para obligar a las personas a irse del país de forma voluntaria.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, que supervisa las cortes de inmigración, indicó que los jueces concedieron la “salida voluntaria” en 15.241 casos en el período de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre, lo que permitió a esas personas abandonar Estados Unidos sin una marca formal de deportación en su historial ni una prohibición para reingresar. Eso se compara con las 8.663 salidas voluntarias del año fiscal anterior.

El ICE informó que realizó 319.980 deportaciones entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de septiembre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) declinó revelar su cifra y dirigió la pregunta al Departamento de Seguridad Nacional.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en agosto que 1,6 millones de personas han abandonado el país —voluntaria o involuntariamente— desde que Trump asumió el cargo. El departamento citó un estudio del Center for Immigration Studies (Centro de Estudios de Inmigración), un grupo que aboga por restricciones migratorias.

Michelle Mittelstadt, portavoz del Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria), un grupo de expertos que busca mejorar la inmigración y generar políticas de integración mediante investigación y análisis, dijo que 1,6 millones es una cifra inflada que distorsiona datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El gobierno ofrece 1.000 dólares a quienes abandonen el país voluntariamente a través de la aplicación CBP Home. Quienes no lo hagan corren el riesgo de ser enviados a un tercer país como Esuatini, Ruanda, Sudán del Sur o Uganda.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que las salidas voluntarias demuestran que la estrategia del gobierno funciona y mantiene seguro al país.

“El incremento de las medidas migratorias dirigidas a los peores entre los peores está expulsando a más y más delincuentes inmigrantes sin autorización de nuestras calles y envía un mensaje claro a cualquier otra persona que se encuentre en este país sin permiso: autodepórtese o lo arrestaremos y lo deportaremos”, dijo en un comunicado enviado a The Associated Press.

“La tratan como a una criminal”

Una colombiana retiró su solicitud de asilo en una comparecencia en junio ante una corte de inmigración de Seattle, a pesar de no estar detenida.

“Su abogado dice que ya no desea continuar con su solicitud de asilo”, preguntó el juez. “¿Alguien le ha ofrecido dinero para hacer esto?”, agregó. “No, señor”, respondió ella. Su solicitud fue concedida.

Arleene Adrono, su novia desde hace dos años, quien es ciudadana estadounidense, dijo que ella también planeaba irse del país.

“La tratan como si fuera una criminal. No es una criminal”, subrayó Adrono. “No quiero vivir en un país que le hace esto a la gente”.

En una corte de inmigración dentro del centro de detención de Tacoma, donde carteles animan a los migrantes a salir voluntariamente del país en lugar de ser deportados por la fuerza, un venezolano le manifestó a la jueza Theresa Scala en agosto que quería irse. La jueza le concedió la salida voluntaria.

La jueza le preguntó a otro hombre si quería más tiempo para encontrar un abogado y si tenía miedo de regresar a México. “Quiero irme del país”, respondió el hombre.

“El tribunal determina que usted ha renunciado a todos los recursos de protección legal”, declaró Scala. “Debe acatar los esfuerzos del gobierno para deportarlo”.

“Su ausencia se ha sentido profundamente”

Ramón Rodríguez cruzó la frontera estadounidense en 2009. Sus ocho hermanos, quienes son ciudadanos estadounidenses, vivían en California, pero él se estableció en el estado de Washington. Grandview, con una población de 11.000 habitantes, es un pueblo agrícola que cultiva manzanas, cerezas, uvas para vino, espárragos y otras frutas y verduras.

Rodríguez comenzó a trabajar para AG Management en 2014. Sus registros fiscales muestran que ganó 13.406 dólares ese primer año y, para 2024, ganó 46.599 dólares y pagó 4.447 dólares en impuestos.

“Durante su tiempo con nosotros, ha sido una parte esencial de nuestro equipo, y ha demostrado dedicación, confiabilidad y una sólida ética de trabajo”, escribió su jefe en una carta en la que insta a un juez a liberarlo. “Sus habilidades en la cosecha, la siembra, el riego y la operación de equipos han contribuido significativamente a nuestras operaciones, y su ausencia se ha sentido profundamente”.

Su nieta sufre de un problema cardíaco, se ha sometido a dos cirugías y necesita una tercera. La madre de ella no sabe conducir un auto, por lo que Rodríguez la trasladó a Spokane para que recibiera atención médica. El pediatra de la niña escribió una carta al juez de inmigración en la que solicita su liberación y dice que, sin su ayuda, la niña podría no recibir la atención médica que necesita.

El juez denegó su solicitud de fianza en marzo. Rodríguez apeló y se convirtió en el principal demandante en una demanda federal que buscaba permitir que los inmigrantes detenidos solicitaran y obtuvieran libertad bajo fianza.

El 30 de septiembre, un juez federal dictaminó que denegar audiencias de fianza a los inmigrantes es ilegal. Pero Rodríguez no se beneficiará de la sentencia: ya partió y es poco probable que regrese.

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