Por Sala de Redacción EVH

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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH)- El plan de Texas para arrestar a los migrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos está en camino de ser evaluado por la Corte Suprema del país, desencadenando un debate jurídico sobre la autoridad del gobierno federal en asuntos migratorios. La máxima instancia judicial bloqueó la entrada en vigor de la ley texana hasta el 13 de marzo, solicitando al estado una respuesta antes del 11 del mismo mes. La ley, que estaba programada para entrar en vigencia el sábado, se encuentra en el centro de una disputa legal que ha capturado la atención nacional.

El Departamento de Justicia intervino solicitando la atención de la Corte Suprema pocas horas antes de que se anunciara la decisión. Este llamado a la acción subraya la complejidad y la importancia del tema, ya que los actores estatales y federales se enfrentan en un terreno legal altamente disputado. La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para la política migratoria de Estados Unidos y para los migrantes que buscan ingresar al país en busca de una vida mejor.

El gobernador republicano Greg Abbott firmó la ley en diciembre y a lo largo de los meses siguientes, Abbott ha introducido una serie de medidas cada vez más estrictas para regular el flujo de migrantes, lo que ha provocado un intenso debate sobre los límites de la autoridad estatal en asuntos migratorios y la relación entre el gobierno federal y los estados.

La nueva ley facultaría a los agentes estatales para detener a personas sospechosas de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, una disposición que ha generado preocupación y controversia. Aquellos detenidos podrían enfrentar la opción de aceptar una orden judicial para abandonar el país o enfrentar cargos por delitos menores relacionados con la entrada ilegal. Esta medida, según críticos, podría tener un impacto profundo en la comunidad migrante y en la relación entre Texas y México.

El Departamento de Justicia expresó sus reservas ante la Corte Suprema, advirtiendo que la ley propuesta alteraría significativamente el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados en materia de inmigración, una relación que ha sido establecida durante casi 150 años. Además, el Departamento argumentó que la implementación de la ley tendría consecuencias adversas y podría desencadenar un caos en la aplicación de las leyes federales de inmigración en el estado de Texas, así como en las relaciones bilaterales con México. La confrontación entre Texas y el gobierno federal plantea cuestiones fundamentales sobre la autoridad y los límites del poder estatal en un tema de importancia nacional.

En un fallo contundente de 114 páginas emitido el jueves, el juez Ezra criticó las medidas de Texas para restringir la inmigración y rechazó los argumentos republicanos sobre una supuesta "invasión" a lo largo de la frontera sur debido a los récords de cruces ilegales. Ezra sostuvo que la ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, entrando en conflicto con la ley federal de inmigración y poniendo en peligro las relaciones exteriores del país y sus obligaciones internacionales.

El fallo de Ezra subrayó que permitir que Texas prevalezca sobre la ley federal debido a una "invasión" equivaldría a la nulificación de la ley y la autoridad federal, un concepto antitético a la Constitución que ha sido rechazado por los tribunales federales desde la Guerra Civil. Aunque los republicanos argumentan que la ley no afectaría a los migrantes que ya residen en Estados Unidos, Ezra enfatizó que la preocupación de Texas sobre la aplicación federal de la ley de inmigración no justifica una transgresión constitucional.

El enfrentamiento legal en torno a la ley de inmigración de Texas, conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado, representa una de las disputas más destacadas entre las autoridades texanas y el gobierno de Biden sobre los límites del estado para controlar la frontera y detener los cruces ilegales. Esta confrontación refleja una serie de tensiones políticas y legales en curso en torno a la política migratoria y la soberanía estatal en Estados Unidos.

Varios gobernadores republicanos han expresado su respaldo a la iniciativa del gobernador Abbott, argumentando que el gobierno federal no está tomando medidas suficientes para hacer cumplir las leyes de inmigración existentes.

Entre las medidas adoptadas por Abbott para detener los cruces ilegales en la frontera, se incluye la propuesta de una barrera flotante sobre el río Bravo (o Grande), que ha sido bloqueada por decisiones judiciales y forma parte de una batalla legal en curso. Además, el despliegue de alambre de púas a lo largo de la frontera del estado con México y la intervención de la Guardia Nacional de Texas para restringir el acceso de los agentes federales de la Patrulla Fronteriza en áreas sensibles, como el parque frente al río en Eagle Pass, destacan las medidas adoptadas por Abbott para reforzar la seguridad fronteriza. Estas acciones han generado un intenso debate sobre los límites de la autoridad estatal y federal en materia migratoria, así como sobre las estrategias adecuadas para abordar la situación en la frontera sur de Estados Unidos.

Corte Suprema bloquea hasta el 13 de marzo ley de Texas que permite a la policía arrestar a inmigrantes