BOSTON (AP) — Un tribunal federal de apelaciones falló el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump puede poner fin a las protecciones legales para alrededor de 430.000 inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El fallo de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er Circuito federal es el último giro en una batalla legal sobre las políticas de la era Biden que crearon nuevas vías y ampliaron otras para que las personas vivan en Estados Unidos, generalmente por dos años, con permisos de trabajo. El gobierno de Trump anunció en marzo que pondría fin a las protecciones de los permisos condicionales humanitarios.

“Reconocemos los riesgos de daño irreparable expuestos de manera persuasiva en la orden del tribunal de distrito: que los beneficiarios de los permisos condicionales que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligados a elegir entre irse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye ser separados de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a peligros en sus países de origen”, escribieron los jueces. “Pero, en ausencia de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión”.

En un fallo de dos páginas, el tribunal levantó una suspensión emitida por un tribunal de distrito y permitirá que el gobierno ponga fin a los permisos condicionales humanitarios para esos grupos mientras se desarrolla la demanda. El fallo del viernes es una victoria para el gobierno federal, pero no cambia nada en el terreno.

Esther Sung, directora legal del Justice Action Center, coabogada en el caso, dijo que el fallo “perjudica a todos”.

“Las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el gobierno les pidió, y la administración Trump cruel e irracionalmente no cumplió con la parte que le correspondía al gobierno”, señaló Sung. “Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio”.

Un tribunal de distrito emitió en abril una orden que suspende la decisión del gobierno, pero la Corte Suprema levantó la orden del tribunal inferior a finales de mayo con poca explicación.

El gobierno de Trump había argumentado que el tribunal de apelaciones debería seguir el criterio de la Corte Suprema y revertir el fallo del tribunal de distrito.

Las protecciones para las personas que huyen de la agitación en sus países de origen siempre estuvieron diseñadas para ser temporales, y el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder de revocarlas sin interferencia judicial, afirmó el Departamento de Justicia en un documento judicial.

El procurador general D. John Sauer argumentó que poner fin a los permisos condicionales humanitarios caso por caso sería una “tarea gigantesca” que ralentizaría las labores del gobierno para expulsar a migrantes.

“La rescisión discrecional de un beneficio discrecional por parte del secretario debería haber sido el fin del asunto”, manifestaron los abogados del gobierno en su escrito.

Los demandantes, incluidas personas que se beneficiaron de las protecciones legales, instaron al tribunal de apelaciones a respaldar el fallo del tribunal de distrito, que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no podía poner fin categóricamente a las protecciones para estos grupos, sino que tenía que evaluar cada caso individualmente. También citaron la conclusión del tribunal de distrito de que Noem pasó por alto las preocupaciones humanitarias que llevaron a las protecciones legales en primer lugar.

“El tribunal de distrito aplicó la ley correctamente y no abusó de su poder discrecional cuando concluyó que las acciones de la secretaria Noem infligieron un daño irreparable a los miembros de la demanda colectiva (entre otros) y que el interés público y el equilibrio de las equidades se inclinan claramente a favor de un alivio preliminar”, escribieron los abogados de los demandantes en un escrito.

El presidente Donald Trump prometió durante su campaña electoral deportar a millones de personas. Desde que asumió el cargo, ha buscado desmantelar las políticas del gobierno de Biden que ampliaron las vías para que los migrantes vivan legalmente en Estados Unidos.

La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva del permiso condicional humanitario, dijeron los abogados de los migrantes en documentos judiciales, calificándola como “el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos”.

Corte de apelaciones permite a gobierno de Trump terminar protecciones para 430.000 migrantes