POR ANNIE MA

En Chinle, Arizona, la angustia financiera causada por el cierre del gobierno ha llevado a la suspensión de programas extraescolares, incluidos algunos de los que dependen los estudiantes para comer.

Los fondos federales representan una pequeña parte de la mayoría de los presupuestos escolares en Estados Unidos. Pero en el Distrito Escolar Unificado de Chinle, que abarca unos 6.800 kilómetros cuadrados (4.200 millas cuadradas) en el corazón de la Nación Navajo, la mitad de los ingresos proviene de un único programa federal: Impact Aid.

La mayoría de los distritos se financian en gran medida con impuestos locales a la propiedad, que sufragan los salarios de los maestros y las mejoras en los edificios. Pero otros como Chinle, que incluyen reservas nativas, bases militares u otros complejos federales, tienen menos opciones de recaudación. Los terrenos federales no están sujetos a impuestos y el gobierno mantiene la mayoría de las tierras de las reservas en fideicomiso para las tribus indígenas, por lo que tampoco se pueden gravar.

En su lugar, el gobierno federal destina 1.600 millones de dólares al año a Impact Aid para ayudar a esos centros. Pero esos fondos están retenidos este año debido a la suspensión de pagos por el cierre, lo que obliga a las escuelas a recortar algunos programas y sopesar cuánto más pueden continuar sin recortes más profundos.

“Es posible que los niños se vayan acasa y no coman, porque estas son las únicas tres comidas que pueden recibir al día”, dijo Quincy Natay, superintendente de Chinle. “Todos esos programas están en suspenso y estamos viendo qué programas podemos eliminar”.

La ayuda alimentaria a las familias también se ha visto interrumpida por el cierre. Dos jueces federales ordenaron al gobierno del presidente Donald Trump que destine fondos de contingencia para pagar las ayudas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, pero la Casa Blanca advirtió que podrían pasar semanas hasta que se reinicien los pagos parciales.

La mayor parte del dinero federal que se destina al sistema escolar llega antes del inicio del curso. Pero los fondos de Impact Aid suelen entregarse de forma anual a partir de octubre. Las subvenciones llegan a unos 1.000 distritos, que en conjunto tienen casi ocho millones de estudiantes matriculados. Arizona recibe más dinero de esa iniciativa que cualquier otro estado, en parte debido a sus bases militares y extensas tierras tribales.

Muchos distritos que dependen del programa intentan mantener una cuantiosa reserva de efectivo debido a la incertidumbre sobre el momento y el importe de los pagos, pero algunos ya notan la presión.

En Chinle, los 30 millones de dólares en Impact Aid se destinan a los salarios de los maestros, al jardín de infantes a jornada completa y a otros gastos. Más allá de los programas extracurriculares, Natay ha pausado varias obras. Si no se reanudan los pagos, en unos meses el distrito tendrá que pedir dinero prestado para abonar las nóminas, agregó Natay.

Los trabajadores del Departamento de Educación que normalmente responderían a las preguntas sobre el financiamiento han sido suspendidos —y se prevé que sus puestos sean eliminados— lo que agrava la sensación de incertidumbre.

“Varios de nuestros distritos están reduciendo los gastos”, señaló Cherise Imai, directora ejecutiva de la National Association of Federally Impacted Schools. “Están recurriendo a sus reservas o a cualquier otro financiamiento que puedan usar para pagar las nóminas”.

En una carta al Departamento de Educación, varios miembros demócratas del Congreso de Arizona le pidieron que revierta los despidos de trabajadores del programa Impact Aid.

“Estamos profundamente preocupados por estos despidos y por la posibilidad de que causen un daño irreparable en las escuelas de nuestro estado”, indicó la carta. Un juez federal bloqueó indefinidamente todos los despidos realizados por el gobierno de Trump durante el cierre.

En el Distrito Escolar Independiente de Lackland, a las afueras de San Antonio, el Impact Aid aporta aproximadamente la mitad del presupuesto, compensando la presencia de la Base de la Fuerza Aérea de Lackland. El superintendente Burnie Roper dijo que cuanto más dure el cierre, más incertidumbre enfrentan los centros educativos.

“Solo esperamos que el Congreso pueda resolverlo”, dijo Roper.

El distrito escolar Rocky Boy, en una zona de Montana con pocas propiedad gravables, tiene un gran fondo de reserva. Pero los costos elevados e inesperados pueden agotar rápidamente esos ahorros, explicó su superintendente, Voyd St. Pierre.

“Si se me estropeara una caldera en medio del invierno, probablemente costaría 300.000 dólares repararla”, dijo St. Pierre. El Impact Aid ayuda a cubrir los vacíos presupuestarios, agregó. “No tenemos otros fondos. No tenemos otros fondos estatales. Es muy difícil para nosotros ir a un banco para obtener un préstamo por la valoración imponible o los avales que podríamos proporcionar.”

Los distritos deben solicitar el Impact Aid cada año, que se asigna en base a una fórmula compleja con factores como el porcentaje de propiedad federal y el número de estudiantes. Una pequeña parte de los fondos se asignan a través de subvenciones competitivas, supervisadas por el Departamento de Educación. Algunos distritos pasan a ser elegibles para recibir los fondos cada año o tienen nuevo personal que nunca ha manejado el programa antes.

En una situación normal, los distritos acudirían al personal del Departamento de Educación para resolver sus dudas, pero el cierre del gobierno hace que no tengan claro a quién deben recurrir, señaló Anne O’Brien, portavoz de la National Association of Federally Impacted Schools.

“No hay nadie en el departamento para responder esas preguntas”, dijo O’Brien. Si el gobierno de Trump elimina de forma permanente al personal de Impact Aid, apuntó, no está claro quién los atenderá en el futuro.

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