POR ASTRID SUÁREZ AND REGINA GARCÍA CANO

BOGOTÁ (AP) — La familia de un colombiano que alega su desaparición en aguas del Caribe elevó la primera denuncia formal contra Estados Unidos por la presunta ejecución extrajudicial del hombre, que habría sido víctima de un ataque a un boteseñalado por ese país de llevar drogas.

La denuncia por la presunta muerte de Alejandro Carranza Medina, de 42 años, fue presentada el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyas decisiones derivan en recomendaciones, pero no en acciones vinculantes, dado que Estados Unidos no reconoce al tribunal asociado a la Comisión.

El abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien actuó en representación de la familia, aseguró el miércoles a The Associated Press que no han descartado una demanda ante un tribunal estadounidense, pero significaría mayores obstáculos para obtener resultados, por lo que decidieron acudir a la CIDH, que creen que funciona en esos casos.

“Así que estamos utilizando las vías a nuestro alcance, y creemos que una decisión a nuestro favor, combinada con la presión pública, puede lograr esa compensación (para la familia) y también poner fin a las matanzas en el Caribe”, afirmó Kovalik en una entrevista virtual desde Pittsburgh, Pennsylvania.

Estados Unidos inició en septiembre los ataques letales contra las supuestas embarcaciones con drogas argumentando que está combatiendo contra organizaciones narcotraficantes en la región, luego de desplegar sus capacidades militares en aguas del Caribe. Desde entonces, más de 80 personas han muerto en los ataques.

Los ataques con misiles han recibido de parte de organizaciones de derechos humanos y de algunos congresistas estadounidenses serios cuestionamientos legales, pidiendo un mayor escrutinio. La CIDH manifestó el martes su preocupación por estas ofensivas e instó a Estados Unidos a garantizar el respeto a los derechos humanos.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro ha calificado los ataques de “asesinatos”, cuestionando un uso desproporcionado de la fuerza para hacer operativos de interdicción de drogas. Fue quien denunció que había colombianos entre los agredidos y luego secundó la denuncia sobre la muerte de Carranza, a quien describió como un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta.

“Salió a pescar”

La demanda ante la CIDH, que fue divulgada el martes por el medio The Guardian, detalla que el 15 de septiembre Estados Unidos “bombardeó la embarcación” de Carranza cuando navegaba en el Caribe frente a la costa colombiana.

“No era un barco cargado de droga. No, salió a pescar marlines y atunes”, insistió Kovalik. “Lo último que le oyeron decir fue: ‘Es un buen día para pescar’. Y eso fue lo que hizo”, agregó.

La solicitud cita como evidencias de la ejecución extrajudicial dos artículos periodísticos de New York Times y del Washington Post sobre las denuncias de la familia y declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, acerca de los bombardeos.

“Creemos que fue él quien murió. Obviamente, no hay testigos que sobrevivieran... pero el líder de la asociación de pescadores lo conocía muy bien y conocía muy bien su barco”, aseguró Kovalik, quien dijo que una asociación de pescadores de Santa Marta logró identificar la embarcación como la de Carranza.

La prensa colombiana ha dicho que una persona con su mismo nombre fue capturada en 2016, junto a varios policías, por el robo de más de 200 armas de la policía que luego habrían sido vendidas a un grupo ilegal.

Al ser preguntado por los antecedentes de Carranza, Kovalik dijo que cree que es la misma persona pero que su defendido no tiene antecedentes porque nunca fue acusado formalmente.

Amenazas a familiares
La familia de Carranza ha dicho ser de escasos recursos económicos en entrevistas a medios locales. Kovalik, abogado que representa en Estados Unidos al presidente Petro, aseguró que conoció a la familia con ayuda del gobierno colombiano y luego viajó hasta Santa Marta hace menos de un mes para informarse sobre el caso.

“Las víctimas no cuentan con recursos adecuados y efectivos en Colombia para obtener reparación... además, incluso si existieran dichos recursos, las víctimas no podrían ejercerlos de forma segura, dado que han sido amenazadas por paramilitares de derecha por el simple hecho de denunciar el asesinato del señor Carranza”, indica la petición a la CIDH.

Kovalik indicó que no ha sido contactado por familiares de otras presuntas víctimas de los ataques en el Caribe, pero animó a que denuncien.

“Lo que Estados Unidos está haciendo es asesinar a personas que no pueden defenderse, ni físicamente ni por la ley”, afirmó Kovalik, quien cree que si hubieran sobrevivido y las hubiesen acusado en tribunales de Estados Unidos, podrían haber evitado la cárcel.

Amenazas a familiares

La familia de Carranza ha dicho ser de escasos recursos económicos en entrevistas a medios locales. Kovalik, abogado que representa en Estados Unidos al presidente Petro, aseguró que conoció a la familia con ayuda del gobierno colombiano y luego viajó hasta Santa Marta hace menos de un mes para informarse sobre el caso.

Kovalik indicó que no ha sido contactado por familiares de otras presuntas víctimas de los ataques en el Caribe, pero animó a que denuncien.

CIDH recibe primera denuncia que alega ejecución extrajudicial de colombiano en bombardeo de EEUU