Por Karla Bahm

Karla@elvocerous.com

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) _ Los agricultores de Michigan están al límite. Cuatro crisis simultáneas los golpean con fuerza: los aranceles impuestos por el gobierno de Trump han reducido drásticamente las exportaciones de soja a China; las políticas de deportación masiva han dejado muchos campos sin trabajadores migrantes; el cierre del gobierno federal ha paralizado servicios vitales del USDA; y la expiración del Farm Bill ha dejado sin apoyo legal a programas clave que sostienen a las granjas familiares. Mientras la temporada de cosecha avanza, los productores luchan por cubrir costos que siguen aumentando y mantener a flote sus negocios.

Bob Thompson, presidente del Sindicato de Agricultores de Michigan, en una entrevista para El vocero Hispano, explicó el impacto directo de la guerra comercial en los productores de soja del estado. Destacó que aunque algunos agricultores venden por adelantado parte de su cosecha a precios establecidos, muchos dependen del mercado de contado, que cambia día a día. Thompson señaló que, “La pérdida de mercados de larga data, especialmente con China, ha hecho que los precios caigan rápidamente. Hoy los precios están al nivel o por debajo de los costos de producción. Incluso agricultores consolidados están sintiendo la presión financiera. Los que dependen del crédito estarán a merced de los bancos. El tiempo dirá cuántos podrán resistir esta tormenta, especialmente los más jóvenes que apenas comienzan”.

Bob Thompson.jpg — Bob Thompson, presidente del Sindicato de Agricultores de Michigan (MFU), habló en una entrevista con El Vocero Hispano sobre la delicada situación de los agricultores en Michigan y a nivel nacional. (Foto cortesía de MFU)

Frente a la pérdida de compradores internacionales y al aumento del costo de vida, Thompson explicó cómo su sindicato busca proteger a los agricultores familiares. Señaló que la Michigan Farmers Union participa activamente en la campaña nacional “Fairness For Farmers”, que busca garantizar condiciones justas para los productores, y también trabaja para que el gobierno federal haga cumplir las leyes antimonopolio. “Sólo rompiendo el control casi monopólico de muchos sectores agrícolas los agricultores familiares podrán tener un verdadero alivio”, afirmó, destacando que estas acciones buscan abrir oportunidades de mercado y mejorar la rentabilidad de las tierras agrícolas locales.

La crisis de los aranceles no ha dejado un solo sector agrícola sin afectar. Thompson señaló que las consecuencias se sienten en toda la producción del estado, desde los cultivos más tradicionales hasta los especializados. Los precios han caído, los mercados se han reducido y los productores deben enfrentar decisiones difíciles sobre qué plantar o vender. En este contexto, Thompson advirtió que, “La soja ha sido la más golpeada, pero también los arándanos, las cerezas y otros cultivos especiales enfrentan pérdidas. Históricamente, el uso limitado y estratégico de aranceles había sido exitoso, pero ahora la aplicación ha sido masiva y desordenada, afectando a todos por igual y generando un caos total”.

Thompson advirtió que, más allá de los impactos inmediatos en los precios y la producción, los agricultores necesitan que las políticas comerciales sean claras y coherentes. Señaló que la forma en que se han aplicado los aranceles ha sido desordenada, lo que genera incertidumbre y dificulta la planificación de los productores. Además, recordó que el sector agrícola ha dedicado décadas a construir relaciones comerciales sólidas con otros países, a menudo usando fondos aportados por los propios agricultores. Todo ese trabajo y dinero se han visto gravemente dañados, afectando la confianza de los socios comerciales y poniendo en riesgo la estabilidad económica del sector.

“Hay que terminar con este método caótico de aplicar aranceles y dejar de enemistarse con nuestros amigos. La confianza es difícil de ganar y más difícil aún de recuperar una vez perdida. Todo el trabajo y dinero invertido en décadas de relaciones comerciales se ha visto severamente dañado, si no perdido por completo”, señaló Thompson.

Un tema álgido para los agricultores de Michigan es la deportación masiva de trabajadores, que ha dejado muchos campos sin personal y ha generado miedo entre quienes aún permanecen. Thompson resaltó que esta situación no solo afecta la producción diaria, sino también a familias enteras que dependen de estos empleos. “Hemos visto con consternación e incredulidad las acciones de ICE y otras agencias. Claramente, lo que está ocurriendo ha tenido un efecto devastador en esas familias y en los predios agrícolas donde trabajaban. Ningún negocio, agrícola o no, puede operar eficientemente con falta de personal o con empleados que viven con miedo. Michigan y el país necesitan la experiencia y ética de trabajo que aportan los hispanos y otras nacionalidades. Nuestros miembros siguen apoyando la lucha por políticas migratorias integrales y estables en lugar de esta absurda actitud de ‘arréstenlos y sáquenlos’”, señaló Thompson.

Los agricultores de Michigan atraviesan una crisis provocada por las tarifas recíprocas impuestas por China en respuesta a las medidas del presidente Donald Trump, lo que ha golpeado severamente los mercados de exportación. A esta situación se suma la escasez de mano de obra debido a las deportaciones masivas implementadas por la administración federal, dejando a muchas granjas sin trabajadores esenciales. En la imagen, Dennis Kellogg, vicepresidente de la Federación de Agricultores de Michigan, se encuentra de pie en sus campos de soya en Ithaca, junto a su tractor. (Foto cortesía de MFU)

Como si lo antes expuesto no fuera suficiente, el cierre del gobierno federal y la expiración del Farm Bill han cargado aún más presión sobre los agricultores de Michigan justo en plena temporada de cosecha, cuando cada decisión puede significar ganancias o pérdidas. La paralización de los servicios del Departamento de Agricultura (USDA) ha dejado a muchos productores sin acceso a pagos de asistencia, préstamos y subsidios, recursos vitales para cubrir insumos, maquinaria y transporte. Al mismo tiempo, la falta de un nuevo Farm Bill ha dejado sin respaldo legal a programas que apoyan a pequeños agricultores y proyectos de desarrollo rural, incluyendo la inscripción en programas de conservación que aseguran la sostenibilidad de sus tierras. Esta combinación de obstáculos administrativos y legales ha generado una incertidumbre que no solo complica la planificación, sino que amenaza la estabilidad económica de familias enteras, obligando a los productores a tomar decisiones difíciles mientras luchan por mantenerse a flote frente a un mercado internacional cada vez más adverso.

Por su parte, el gobierno federal ha prometido apoyo a los productores. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el 2 de octubre que se respaldará a los agricultores afectados por la negativa de China a comprar soja estadounidense, y que un anuncio oficial se haría el martes siguiente. “Los respaldamos”, afirmó en una entrevista con CNBC. Bessent explicó que la falta de compras de la cosecha estadounidense de otoño ha costado miles de millones de dólares, y calificó la situación como un uso de los productores como “rehenes” en las negociaciones comerciales. Aunque otros países podrían sustituir parcialmente a China, ningún comprador reemplaza los volúmenes que históricamente adquiría el gigante asiático.

La situación de los agricultores de Michigan exige atención inmediata. Si no reciben apoyo real y políticas que les permitan mantener sus operaciones, no solo se pone en riesgo la agricultura familiar, sino también la seguridad alimentaria de todos. La crisis del campo afecta directamente a nuestra capacidad de llevar alimentos a la mesa y pone en juego la estabilidad de nuestras comunidades. Es un llamado a la acción para que se proteja a quienes sostienen la producción de alimentos en el estado y, con ello, el bienestar de toda la sociedad.

Agricultores de Michigan enfrentan crisis por aranceles, falta de mano de obra, cierre del gobierno y expiración del Farm Bill