Una ofensiva que ya ha dejado fuera a unos 140 jueces

Por Sala de Redacción EVH

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) __ La administración del presidente Donald Trump ha iniciado una profunda reestructuración del sistema de cortes migratorias de Estados Unidos, una ofensiva que ya ha dejado fuera a unos 140 jueces de inmigración, entre despidos y renuncias, y que ocurre en medio de un atraso histórico de más de 3.7 millones de casos pendientes.

La purga ha generado alarma entre defensores de inmigrantes y expertos legales, que advierten que la salida de jueces con experiencia está agravando el colapso del sistema y dejando a miles de inmigrantes atrapados en procesos cada vez más lentos e inciertos.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Tania Nemer, ex jueza de inmigración en Ohio, quien esta semana presentó una demanda federal contra el Departamento de Justicia. En su denuncia, Nemer asegura que fue despedida de manera abrupta y discriminatoria por su género, su doble ciudadanía estadounidense-libanesa y por haber competido anteriormente por un cargo local como demócrata, en violación de las leyes federales de derechos civiles.

Según la demanda, Nemer fue despedida en plena etapa de prueba, pese a haber recibido las calificaciones más altas posibles en su desempeño. Sus abogados sostienen que fue escoltada fuera de la corte el mismo día de su destitución y que ni su supervisor ni el juez jefe interino supieron explicarle el motivo de la decisión.

“Hasta el día de hoy, el gobierno no ha ofrecido una razón coherente, legítima y no discriminatoria para su despido”, señala la querella.

Los despidos forman parte de un plan más amplio de la Casa Blanca para rediseñar el sistema migratorio, reemplazando a jueces tradicionales por lo que defensores han denominado “jueces de deportación”, enfocados en acelerar las expulsiones. De acuerdo con el sindicato que representa a los jueces de inmigración, más de 100 han sido despedidos, han renunciado o han sido transferidos fuera de la adjudicación migratoria a través del programa “Fork in the Road” del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional ha intensificado la contratación de nuevos jueces de deportación. En una publicación reciente en la red social X, la sub secretaria de DHS, Tricia McLaughlin, promocionó estos puestos, que ofrecen trabajo remoto a tiempo completo y salarios que oscilan entre 159,951 y 207,500 dólares anuales.

Organizaciones defensoras de inmigrantes han criticado duramente la estrategia, señalando que se está prescindiendo de jueces con amplia experiencia en derecho migratorio justo cuando el sistema enfrenta una carga sin precedentes.

Tras su despido, Nemer presentó una queja formal ante la oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que fue desestimada bajo el argumento de que el Título VII no limita la facultad del poder ejecutivo para remover jueces de inmigración. Sus abogados calificaron esa postura como “un ataque impresionante” a una ley federal histórica y rechazaron que la Constitución permita despidos discriminatorios.

La demanda también denuncia que un funcionario del DOJ presentó un affidavit mencionando antiguas infracciones de tránsito y dos casos fiscales locales de 2010 y 2011, hechos que Nemer asegura haber revelado previamente durante su proceso de verificación de antecedentes.

La exjueza solicita a una corte federal en Washington D.C. que declare que el gobierno violó sus derechos, ordene su reinstalación y le conceda daños compensatorios. Mientras tanto, miles de inmigrantes continúan esperando resoluciones en un sistema cada vez más saturado y politizado.

Administración Trump sigue destituyendo a jueces de inmigración mientras crece el atraso de casos