Por Sala de Redacción EVH

Pressroom@elvoceromi.com

"Es una cacería contra quienes ejercen su libertad de expresión”

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) __ Un jubilado de 67 años envió un correo electrónico a un abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para pedir clemencia por un solicitante de asilo afgano que enfrentaba la deportación. Horas después, recibió una respuesta. No provenía del funcionario, sino de Google: la compañía le informaba que había recibido una citación administrativa del DHS para entregar sus datos personales. Sin orden judicial, sin que mediara causa probable, el gobierno había puesto en marcha la maquinaria de vigilancia contra un ciudadano que solo ejerció su derecho a opinar.

El caso, revelado por The Washington Post, ha encendido las alarmas sobre el uso de citaciones administrativas —instrumentos legales que no requieren la aprobación de un juez— para rastrear y presionar a críticos del gobierno. El hombre, identificado solo como Jon, escribió al fiscal Joseph Dernbach para advertirle sobre el riesgo que corría el migrante de ser perseguido por el Talibán. "No juegue a la ruleta rusa con su vida", decía el mensaje. "Aplique el sentido común y la decencia".

Cinco horas después, Google le notificó que el DHS había emitido una citación exigiendo información de su cuenta. La empresa le dio siete días para impugnarla en un tribunal federal, pero sin adjuntar una copia de la citación. "¿Cómo se impugna una citación que no tienes?", cuestionó Judi Bernstein-Baker, una de las abogadas que intentó representarlo.

Semanas más tarde, agentes uniformados del DHS se presentaron en la puerta de su casa. Durante más de veinte minutos lo interrogaron sobre sus menciones a la "ruleta rusa" y al "Talibán", términos que consideraron sospechosos. Al final, los agentes concluyeron que Jon no había violado ninguna ley. Pero para entonces, la citación ya había exigido a Google semanas de registros: marcas de tiempo de su actividad en línea, direcciones IP y físicas, números de tarjeta de crédito, licencia de conducir y seguro social.

"El gobierno tiene una autoridad administrativa amplia para emitir citaciones sin supervisión judicial previa", admitió Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en un comunicado. Jennifer Granick, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a Jon de forma gratuita, advirtió: "No hay supervisión anticipada ni consecuencias por abusar de estas herramientas. En un contexto donde el gobierno busca desenmascarar a sus críticos, este tipo de procesos están listos para ser utilizados de forma abusiva".

El caso de Jon no es aislado. Según reportes recientes, el DHS ha intensificado el uso de citaciones administrativas contra personas que han expresado críticas al gobierno o han mostrado simpatía por causas vinculadas a inmigrantes y refugiados. Aunque Google asegura que revisa las solicitudes legales y "rechaza aquellas que son excesivamente amplias o improcedentes", en este caso la empresa terminó entregando los datos, aunque con la suficiente demora como para que la ACLU pudiera impugnar la citación.

Nathan Freed Wessler, otro de los abogados de la ACLU, subrayó el efecto silenciador de estas prácticas: "No hace falta encerrar a alguien para que piense dos veces antes de volver a hablar. Basta con hacerle sentir que lo están mirando. Estas visitas, estas citaciones, son perniciosas porque siembran el miedo y la autocensura".

La administración actual ha presionado a varias empresas tecnológicas para que entreguen información de usuarios que han manifestado posturas críticas hacia políticas migratorias o de seguridad nacional. Aunque las compañías tienen margen para oponerse, la falta de control judicial y la rapidez con la que deben responder colocan a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad.

Jon, mientras tanto, sigue esperando una copia completa de la citación que desencadenó todo el proceso. La recibió 22 días después de que Google le diera siete para impugnarla. Para entonces, los agentes ya habían tocado a su puerta.

Administración Trump exige a Google datos de ciudadanos que critican al ICE