Por Sala de Redacción EVH

Pressroom@elvoceromi.com

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) – La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan (MIRC) enviaron una guía legal a cientos de departamentos de policía en el estado. En ella explican que la policía local no debe involucrarse en tareas de inmigración porque eso pone en riesgo a las comunidades y afecta su verdadera misión: proteger la seguridad pública.

El comunicado advierte que si la policía colabora con ICE, por ejemplo cumpliendo órdenes de detención o firmando acuerdos que convierten a oficiales locales en agentes de inmigración, podrían estar violando derechos constitucionales y exponiéndose a demandas legales. Además, cuando los inmigrantes sienten miedo de ser detenidos o deportados, dejan de denunciar delitos o de colaborar como testigos, lo que hace menos segura a toda la comunidad.

La guía establece que los departamentos locales no están obligados a colaborar con ICE y recomienda políticas que protejan a todos los residentes. Entre las indicaciones se incluyen no prolongar detenciones por motivos migratorios, aceptar identificaciones extranjeras válidas, usar tickets de comparecencia para infracciones menores y garantizar que las personas privadas de libertad puedan negarse a entrevistas con ICE.

Miriam Aukerman, abogada de la ACLU de Michigan, señaló que, “Cuando la policía local se involucra en la aplicación de la ley migratoria, se debilita la seguridad pública y se expone a los gobiernos locales a una enorme responsabilidad legal. La Constitución establece que el gobierno federal no puede decidir lo que hacen los gobiernos locales”.

Christine Sauvé, del Michigan Immigrant Rights Center, afirmó que seguir estas recomendaciones ayuda a generar confianza, reducir el miedo y proteger los derechos de todos. Autoridades locales, como la sheriff Alyshia Dyer y el fiscal Eli Savit de Washtenaw County, coincidieron en que la participación de la policía en programas como 287(g) erosiona la confianza de la comunidad y dificulta la persecución de delitos. Jessica Glynn, de YWCA Kalamazoo, agregó que cuando las víctimas saben que la policía está para protegerlas y no deportarlas, se sienten seguras para testificar y colaborar con la justicia.

El mensaje central de los grupos de derechos civiles es claro: proteger a la comunidad y respetar la ley no requiere sacrificar los derechos de los inmigrantes, y la seguridad pública se fortalece cuando todos confían en sus autoridades locales.

ACLU y MIRC piden a los departamentos de policía de Michigan no participar en detenciones migratorias