Por Sala de Redacción EVH

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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) — La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Michigan manifestó este martes su firme oposición a la reapertura del North Lake Correctional Facility (NLCF), un centro de detención de inmigrantes con capacidad para 1,800 personas ubicado en Baldwin, Michigan, y considerado el más grande de su tipo en el Medio Oeste.

La instalación es propiedad y está operada por GEO Group, una empresa privada con un historial documentado de negligencia médica, maltrato físico y sexual, y prácticas que, según la ACLU, violan los derechos humanos de las personas detenidas. Entre las denuncias recurrentes contra GEO se encuentran la denegación del acceso a abogados, condiciones insalubres, alimentación insuficiente y represalias contra quienes denuncian abusos. Durante su anterior operación, el centro fue escenario de al menos seis huelgas de hambre, lideradas principalmente por inmigrantes afrodescendientes que exigían atención médica, mejor alimentación y el fin del confinamiento discriminatorio en la Unidad de Vivienda Restringida.

“La reapertura de este gigantesco centro de detención representa una amenaza para nuestras comunidades inmigrantes en Michigan y en todo el Medio Oeste”, declaró Loren Khogali, directora ejecutiva de la ACLU de Michigan. “Nos preocupa profundamente que las personas detenidas en North Lake puedan ser privadas de acceso a asesoría legal y no tengan oportunidad de impugnar su detención o las órdenes de deportación, lo cual constituiría una violación a su derecho al debido proceso”.

Según reportes, el GEO Group firmó a principios de este año un contrato por 15 años y mil millones de dólares con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de las políticas de deportación masiva impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump. La ACLU advierte que esta política, reactivada en 2025, se enmarca en una agenda “cruel y xenófoba” de detención prolongada sin garantías legales para los inmigrantes.

Las denuncias también incluyen la explotación laboral dentro del centro, donde se obliga a los detenidos a realizar tareas de limpieza por salarios tan bajos como un dólar al día. Además, se ha documentado la falta de acceso a servicios religiosos, atención médica sin intérpretes adecuados y la violación del carácter privado de la correspondencia legal.

La ACLU de Michigan exigió a los líderes estatales y locales que intervengan y exijan transparencia y rendición de cuentas en la operación del centro. También instó a la delegación del Congreso de Michigan a ejercer su derecho de supervisión y realizar visitas no anunciadas a las instalaciones de North Lake, una medida crucial para prevenir abusos y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Entre las demandas concretas de la organización se incluyen: acceso gratuito y confidencial a abogados; cumplimiento de estándares de ICE en cuanto a interpretación y atención médica y psicológica; respeto a la práctica religiosa de cada detenido; y garantías para que la correspondencia legal se maneje de manera segura y adecuada.

“La lucha por proteger los derechos de todas las personas continúa”, concluyó Khogali. “No permitiremos que el sufrimiento y el abuso se normalicen en nombre de una política migratoria inhumana. North Lake no puede volver a operar en las sombras”.

ACLU se opone a la reapertura del centro de detención de inmigrantes más grande de Michigan