Por Sala de Redacción EVH

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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH)_ La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan presentó esta semana una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, exigiendo la liberación inmediata o la realización de audiencias de fianza en un plazo máximo de siete días para ocho residentes de Michigan que permanecen detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin posibilidad de revisión judicial. Entre ellos se encuentra un padre de familia con leucemia cuyo tratamiento vital ha sido interrumpido durante su detención, poniendo en riesgo su vida.

La acción legal, presentada en la Corte de Distrito del Este de Michigan, argumenta que los detenidos están siendo privados de su derecho constitucional a una audiencia ante un juez de inmigración como resultado de una directiva emitida por la administración Trump el pasado 8 de julio. Esta medida revierte décadas de política migratoria, rompe con la práctica establecida de audiencias de fianza y podría impactar a millones de inmigrantes en todo el país, permitiendo detenciones prolongadas a pesar de las protecciones legales vigentes.

Los ocho residentes, algunos de los cuales han vivido en Estados Unidos por más de 25 años, mantienen lazos profundos con sus comunidades y no tienen antecedentes criminales más allá de infracciones de tránsito. Sin embargo, se encuentran encarcelados en centros de detención de Michigan y Ohio sin acceso a un proceso judicial que determine si pueden continuar sus casos en libertad junto a sus familias.

El caso más alarmante es el de Jose Daniel Contreras-Cervantes, de 33 años, quien llegó a Estados Unidos a los 14 años y ha vivido casi dos décadas en el país. Está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de tres hijos, todos ciudadanos. En 2024 fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica, un cáncer de médula ósea que requiere quimioterapia diaria y monitoreo constante de especialistas. Desde su arresto el 5 de agosto por una infracción de tránsito menor en el condado de Macomb, ICE lo mantiene detenido en el centro North Lake, en Baldwin, Michigan. Durante su custodia, Contreras-Cervantes pasó más de tres semanas sin recibir los medicamentos que necesita para sobrevivir. La interrupción de su tratamiento ha agravado su anemia, acelerado su pérdida de visión y puesto en peligro su vida con riesgo de infecciones y complicaciones graves.

Otro de los detenidos es Fredy De Los Ángeles-Flores, de 46 años, quien lleva 15 años viviendo en Estados Unidos y es el único cuidador de su hijo de 13 años, ciudadano estadounidense. Flores fue arrestado por agentes de inmigración en una gasolinera mientras buscaban a otra persona y permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Monroe. Su ausencia ha tenido un impacto devastador en la vida de su hijo, según denunció la organización.

La ACLU recuerda que recientemente obtuvo la liberación de Juan Manuel López-Campos, otro inmigrante detenido sin audiencia, luego de que un juez dictaminara que su detención violaba la Constitución y la ley migratoria. Aunque múltiples cortes federales en todo el país ya han considerado ilegal la aplicación de esta directiva, ICE continúa aplicándola.

Miriam Aukerman, abogada principal de la ACLU de Michigan, advirtió que “esta directiva es uno de los abusos de poder más peligrosos y de mayor alcance de esta campaña de deportación masiva”. Según Aukerman, el objetivo de la medida es “romper el espíritu de las personas, encerrarlas para que se desesperen y acepten abandonar a sus familias. La crueldad no es un accidente, la crueldad es el objetivo”.

Lupita Contreras, esposa de Contreras-Cervantes, relató el impacto en su familia: “Es lo bastante duro saber que la vida de mi esposo será corta por su diagnóstico. Pero es una tortura para mis hijos y para mí perder tiempo precioso con él porque ICE lo mantiene encerrado lejos de nosotros. Agonizo pensando si está recibiendo el cuidado que necesita para seguir vivo”.

La ACLU solicitó que los ocho residentes de Michigan detenidos bajo esta política federal sean liberados de inmediato o, al menos, reciban audiencias de fianza en un plazo de siete días. El caso podría sentar un precedente crucial sobre el derecho al debido proceso y la protección de la vida de inmigrantes de larga residencia en Estados Unidos.

ACLU demanda a gobierno federal por detener sin fianza a inmigrante con leucemia y frenar su tratamiento médico en Michigan