“Cada estadounidense debería sentirse aterrorizado por esta política secreta de ICE que autoriza a sus agentes a derribar tu puerta y entrar a tu hogar”

Por Sala de Redacción EVH

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) __ Una denuncia presentada el miércoles por el grupo Whistleblower Aid afirma que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una directriz interna que permitiría a sus agentes ingresar a viviendas para arrestos sin una orden judicial, una práctica que ha generado fuertes críticas de abogados, especialistas en derechos civiles y legisladores por considerarse una posible violación de protecciones constitucionales fundamentales.

Autoridades migratorias federales estarían asumiendo atribuciones mucho más amplias para irrumpir en viviendas sin la autorización de un juez, según revela un memorando interno obtenido por The Associated Press. El contenido del documento representa una ruptura significativa con los lineamientos vigentes durante décadas, que obligaban al gobierno a respetar estrictamente los límites constitucionales al momento de realizar operativos en domicilios particulares.

De acuerdo con el memorando, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían ingresar por la fuerza a una residencia basándose únicamente en una orden administrativa de deportación contra una persona con orden final de expulsión. Defensores de derechos civiles sostienen que esta directriz vulnera de forma directa las garantías de la Cuarta Enmienda y desmantela años de orientación legal ofrecida a comunidades inmigrantes, que enfatizaba el derecho a no permitir el ingreso de autoridades sin una orden judicial firmada por un juez.

Según Whistleblower Aid, la acusación se basa en información proporcionada por dos funcionarios del gobierno federal. El grupo reveló un memorando fechado el 12 de mayo de 2025 y presuntamente firmado por Todd Lyons, entonces líder interino de ICE, que aconseja a los agentes que pueden entrar a hogares basándose únicamente en una orden administrativa de arresto o deportación. Estas órdenes, conocidas como formularios I-205, son emitidas tras una orden de deportación por parte de un juez de inmigración, pero no son revisadas por un magistrado neutral durante su emisión.

Las órdenes administrativas se diferencian de las órdenes judiciales: las segundas son emitidas por un juez con base en causa probable de que se ha cometido un delito, lo que marca una diferencia clave en la Constitución de Estados Unidos. El memorando instruye que los agentes deben tocar la puerta, identificarse y explicar el motivo de su presencia, pero si no se responde, tienen permiso para usar “una cantidad razonable de fuerza” para ingresar al hogar entre las 6 a.m. y las 10 p.m.

La divulgación de esta directiva ha intensificado las preocupaciones sobre una posible violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables y establece que “ninguna orden de registro será emitida sino sobre causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y particularmente describiendo el lugar a ser registrado y las personas o cosas a ser incautadas”.

Abogados y especialistas en derecho constitucional han sido enfáticos en señalar estos riesgos. David Kligerman, vicepresidente sénior y asesor especial de Whistleblower Aid, calificó la directiva como un ataque frontal a la Cuarta Enmienda. “Ningún tribunal ha encontrado jamás que los agentes de ICE tienen autoridad legal para entrar a hogares sin una orden judicial”, dijo Kligerman, quien además señaló que la política representa un cambio drástico respecto a prácticas anteriores.

Lindsay Nash, profesora de derecho en la Cardozo School of Law, comentó que la directiva “va en contra” de lo que la Cuarta Enmienda protege contra registros sin orden judicial, y advierte de un “enorme potencial de abuso” si se permite que los agentes operen de esta manera.

Otras voces han sido aún más duras. La abogada Alejandra Caraballo, de la Harvard Law Cyberlaw Clinic, afirmó que “la Cuarta Enmienda existe literalmente para prevenir esto”, refiriéndose a la autorización para entrar sin orden judicial. Bradley P. Moss, especialista en litigios de seguridad nacional, señaló que las directivas parecen ignorar décadas de jurisprudencia que distinguen claramente entre órdenes administrativas y judiciales en contextos de arrestos y registros.

El senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, ha pedido audiencias en el Congreso para que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional expliquen la directiva. En su declaración, Blumenthal afirmó que “cada estadounidense debería sentirse aterrorizado por esta política secreta de ICE que autoriza a sus agentes a derribar tu puerta y entrar a tu hogar”.

Las críticas señalan que, históricamente, ICE ha confiado en que las personas salgan de sus viviendas para ser arrestadas en lugares públicos o han esperado la cooperación voluntaria para evitar entrar sin órdenes judiciales, precisamente para respetar la Cuarta Enmienda. Las directrices legales vigentes y los manuales de entrenamiento del Departamento de Seguridad Nacional solían indicar que entrar a una casa sin orden judicial constituía una violación al derecho constitucional, salvo en circunstancias excepcionales reconocidas por la jurisprudencia.

La Cuarta Enmienda se ha interpretado en numerosos casos de la Corte Suprema de Estados Unidos como una barrera esencial contra la entrada sin orden a los hogares. Decisiones como, Wilson v. Arkansas, han reforzado la regla de “tocar y anunciar” y otros requisitos de razonabilidad en registros y detenciones, subrayando la importancia de la intervención judicial antes de ingresar a propiedades privadas sin consentimiento.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han defendido el uso de órdenes administrativas en estos contextos, argumentando que las personas sujetas a ellas ya han pasado por un proceso que incluye un juicio migratorio y una orden final de deportación, y que la agencia tiene autoridad legal para respaldar estos arrestos.

Un caso reciente ocurrido en Minneapolis ha sido citado como ejemplo de los alcances y riesgos de la directiva interna del ICE que permite a sus agentes ingresar a viviendas sin una orden judicial emitida por un juez. Se trata de Garrison Gibson, un hombre originario de Liberia, quien fue detenido el domingo 11 de enero del 2026 luego de que agentes migratorios derribaran la puerta de su casa y entraran por la fuerza sin presentar una orden judicial.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada, mientras Gibson se encontraba en su vivienda junto a su familia. De acuerdo con sus abogados, los agentes actuaron únicamente con una orden administrativa, un procedimiento que ha sido duramente cuestionado por expertos legales por violar garantías constitucionales básicas.

El arresto de Gibson provocó una reacción inmediata de organizaciones defensoras de derechos civiles y de juristas especializados en inmigración, quienes señalaron que el caso ilustra cómo la nueva interpretación de ICE sobre sus facultades puede derivar en abusos de poder.

Tras permanecer detenido, Gibson fue liberado posteriormente, luego de que se determinara que su aprehensión carecía de sustento legal suficiente. Abogados y defensores han advertido que este tipo de acciones, amparadas en directrices internas y no en órdenes judiciales, refuerzan el temor en comunidades migrantes y podrían abrir la puerta a más detenciones ilegales, además de múltiples litigios contra el gobierno federal por violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Abogados y legisladores alertan que directiva de ICE para entrar a hogares sin orden judicial viola la Cuarta Enmienda